Los intermediarios presentados como organizaciones no gubernamentales y consultoras, mexicanas y externa, se han afianzado en un mercado que se encuentra en los linderos de la regulación. Los bonos de carbono, en su faz voluntaria, han dado pie al coyotaje, enlaces que articulan estafas contra los pequeños productores para dotar a grandes empresas de créditos para contaminar a un bajo precio.

Hay mucho potencial en promover el acceso de pequeños productores al mercado de bonos de carbono, pero, así como se ha venido trabajando hasta ahora, es el salvaje oeste; expone en entrevista Maija Peltola, directora para México del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), organismo financiero de Naciones Unidas.

Además de “mucho greenwashing, hay muchos desarrolladores de proyectos que han ido visitando ejidos, vendiendo la idea a los ejidatarios y a los comuneros de que deben cuidar su bosque, y luego vender sus créditos de carbono, pero por una nimiedad, por un precio muy bajo. Se necesita regular”, enfatiza Peltola.

“México no está solo en este tema; hace unos 15 años, cuando empezó el boom de los mercado de carbono, empezaron estas empresas a desarrollar proyectos para que la empresa privada pudiera después comprarlos y así compensar sus gases de efecto invernadero, pero al no estar regulado, se tienen ejidos en Oaxaca que han malvendido sus créditos de carbono”, comenta en entrevista.

Los mercados de carbono se dividen en obligatorios y voluntarios; en ambos se comercializan permisos para seguir contaminando a cambio de financiar proyectos que atenúan esas emisiones. Una empresa con actividades altamente expulsoras de gases de efecto invernadero –como una petrolera o una aerolínea– compra estos certificados (equivalentes a la mitigación de una tonelada de dióxido de carbono) para reducir su balance de contaminación, sin dejar de operar como lo venía haciendo.

Como cualquier otro instrumento financiero, los bonos de carbono se han usado para especular. Un artículo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo destaca que la demanda de esos certificados proviene no sólo de las empresas que quieren compensar su huella de carbono o que tienen objetivos de sostenibilidad, sino también de actores que buscan negociar créditos a un precio más alto para obtener ganancias.

En el apartado de Estancamiento e inflación en México, Arturo Huerta, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, enfatiza que son las mismas empresas con procesos productivos contaminantes las que a través de sus supuestas cruzadas contra la contaminación están ganando de la especulación de los títulos verdes en el sector financiero.

A nivel global, el mercado de créditos y compensaciones de carbono alcanzó un valor de 331 mil 800 millones de dólares en 2022 y de 414 mil 800 millones el año pasado, de acuerdo con datos recuperados por Statista. Las mismas proyecciones apuntan a que este sector crezca a una tasa compuesta anual de 31 por ciento hasta 2028, para alcanzar un monto de 1.6 billones de dólares.

Los pequeños productores y comunidades que cuidan sus bosques y campos son la base de este mercado, pero el andamiaje financiero alrededor se expande. Si bien, se están estableciendo más mercados primarios, 90 por ciento de los derechos de emisión todavía se negocian en el mercado de futuros, donde las transacciones son más fáciles y rápidas de liquidar y compensar, consigna BloombergNEF.

Hay productores de Oaxaca a los que se ha pagado en tres dólares cada bono verde, de acuerdo con lo declarado por Peltola, mientras los futuros de emisiones de carbono a 2024 se encuentran en 63.42 euros.

La comisión de alto nivel sobre los precios del carbono, presidida por los economistas Joseph E. Stiglitz y Nicholas Stern, publicó en 2017 que para alcanzar las metas internacionales de descarbonización, el precio de los instrumentos verdes debería subir a entre 50 y 100 dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalente en 2030.

La falta de regulación ha dado pie a que las mismas empresas –ya con un camino acumulado en la compra de bonos de carbono– fijen los precios. La petrolera Repsol reporta que a falta de medidas de alcance global, aplica un precio de 70 dólares por tonelada de su nueva inversión en 2025 dentro de la Unión Europea, la cual alcanzará 100 dólares a partir de 2030. En el resto de los países consideraremos un precio de 60 dólares por tonelada a partir de 2025.

Maija Peltola reporta que el FIDA está dando asistencia técnica al FIRA (los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) para impulsar el acceso de pequeños productores a los mercados de bonos de carbono, sobre todo porque justo ellos son sumamente afectados por los efectos del cambio climático, pero es a quienes menos llega este financiamiento de mitigación y adaptación.

Las autoridades e instituciones mexicanas ya están advirtiendo a los comuneros y productores para que no vendan sus bonos hasta que no sepan de qué se trata. Sin embargo, la pérdida ya se concretó para algunos ejidatarios que los vendieron en hasta tres dólares. Si no saben o no conocen cómo funciona el mercado, o cuánto le están pagando a los demás, pueden ser estafados, advierte Peltota.

Mientras más haya intercambios de saberes entre los ejidatarios, entre los comuneros, más se corre la voz y más digamos también poder de negociación (...) Al conocer un productor que a alguien más le compraron sus bonos en 16 dólares, difícilmente pedirá menos de eso, explica. De ahí que se requiere capacitar a los ejidatarios, para que sepan el precio que se les debe pagar; para que haya más justicia.