a denuncia pública de la ex directora de Notimex Sanjuana Martínez, con todas sus revelaciones, ha puesto a parir a la familia feliz que opera en las secretarías de Gobernación y del Trabajo, así como a la mafia sindical de la otrora agencia informativa del Estado y a los responsables de la comunicación social del gobierno federal ligados a dichos señalamientos.

lo dicho por la periodista, salvo en los casos de las liquidaciones infladas y el moche exigido por autoridades de la Secretaría del Trabajo con fines electorales –éste registrado en los estertores de la agencia– no es más que un recuento detallado de lo que ella misma puntualmente denunció a lo largo de su permanencia al frente de Notimex, acusaciones que ningún responsable gubernamental de esa área atendió, tal vez porque algunos de los encargados de hacerlo estaban metidos en el enjuague.

Resulta raro, por decirlo suave, que el asunto haya pasado inadvertido en la mañanera, en la que se abordan todos de temas y asuntos espinosos, en especial cuando están involucrados malos manejos con recursos públicos y actos de corrupción. Pero no. Silencio absoluto. De cualquier suerte tampoco es novedoso, porque a lo largo de los años los medios del Estado permanentemente evadieron esta temática.

Hasta ahora, la única reacción oficial y pública sobre lo denunciado por Sanjuana Martínez ha sido un boletín de prensa de la Secretaría del Trabajo (divulgado por medio de X) en el que se asegura que los datos aportados por Sanjuana son falsos, toda vez que, dice, el proceso de extinción de la agencia Notimex fue llevado a cabo contemplando todas las disposiciones establecidas en la ley y en el decreto aprobado por el Congreso de la Unión. Eso sí, niega la petición de moches electorales.

Algo más: en la liquidación se “respetó en forma irrestricta cada uno de los derechos laborales que, en términos de la Ley Federal del Trabajo y del contrato laboral, correspondían a los trabajadores … En cada caso particular se consideraron los derechos que legítimamente merecían según la ley, los contratos colectivo de trabajo e individual y de antigüedad, mientras el proceso se sujetó a las disposiciones establecidas en el propio decreto de extinción de la agencia”. Eso sí, la Secretaría del Trabajo nada dice sobre el conflicto de intereses, papá Alcalde, cobro por derecho de piso y chantajes.

Eso es lo que sostiene la dependencia, pero difícilmente es creíble su versión cuando Sanjuana Martínez denuncia y documenta lo siguiente: las aberraciones de la lista de beneficiados, justificadas por las autoridades de Gobernación y del Trabajo, incluyen casos paradigmáticos como el de Guadalupe Vallejo Mora, quien trabajó un mes en la dependencia (Notimex) y recibió 2 millones 730 mil 254 pesos, frente a Martín Alarcón, el subdirector activo de la agencia, quien trabajó más de 30 años y recibirá un millón 100 mil pesos.

Entonces, ¿casi 3 millones de pesos por un mes de trabajo en la agencia? ¿Eso es lo que establece la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo laboral, el contrato individual y antigüedad, como sostiene el comunicado que se cita? Respetar lo que marca la legislación laboral no es para celebrar ni presumir, porque es una obligación que deben cumplir las instituciones del Estado (y todos los demás), pero pasársela por el arco del triunfo es un delito y eso, por lo documentado, es lo que hicieron en Gobernación y Trabajo. ¿En serio 100 mil pesos de liquidación por día laborado? Ni en Suecia.

Pero el caso citado por Sanjuana no es el único. Según la documentación divulgada por ella, alguien que laboró dos meses en la agencia fue liquidado con 3 millones 415 mil pesos; en cambio, otro trabajador con 22 años cuatro meses de antigüedad recibió 3 millones 922 mil pesos. Uno más, con 33 años y dos meses de antigüedad obtuvo 2 millones 235 mil pesos. En cambio, por cuatro meses de estancia en Notimex un trabajador recibió 2 millones 81 mil pesos; otro con un año y 3 meses 2 millones 40 mil y con cinco meses 2 millones 83 mil pesos. Existen más ejemplos de discrecionalidad, disparidad y agandalle, y en estos enjuagues no puede olvidarse que se trata de recursos públicos.

Las rebanadas del pastel

La secretaria del Medio Ambiente, María Albores Guillén, presume los nuevos decretos de áreas naturales protegidas, pero se mantiene en silencio sobre Grupo México-Germán Larrea y la remediación de los ríos Sonora y Bacanuchi. ¿En qué va?

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