Desde 2009, México se ha mantenido, junto con Colombia, entre los países que encabezan la lista de naciones desde donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibe más denuncias en las que se alegan violaciones a las garantías fundamentales.

Según datos de la CIDH, de 2006 a 2022 ha sumado 8 mil 743 denuncias desde México; los años en que más se registraron fueron de 2013 a 2018 y en 2021.

El récord de peticiones fue en 2018, con 913; seguido de 2015, con 849, y 2016, con 847.

De 2006 a 2022, la comisión ha registrado 4 mil 336 peticiones en trámite de admisibilidad y de fondo, 2 mil 689 en admisibilidad, 656 abiertas y 5 mil 843 no han sido abiertas, esto último sucede cuando de conformidad con la información presentada por la parte peticionaria la denuncia no reúne los requisitos establecidos en el Reglamento de la CIDH.

Asimismo, señala que de las denuncias que le han sido presentadas, 13 han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido el 25 de agosto de 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, y el del Campo Algodonero, con los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2001, entre otros.

De igual manera, la CIDH suma 917 casos en etapa de fondo, es decir, en el que la comisión debe decidir si hubo o no violaciones a los derechos humanos. La determinación se realiza con base en la información presentada por el Estado y la parte peticionaria.

Además, de 2006 a 2022 se tienen 147 informes de admisibilidad, cinco de no admisibilidad y 19 de solución amistosa.

En un informe temático que el colectivo Epu.mx realizó en el contexto de la Evaluación del Mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en enero y febrero de 2023, organizaciones, como los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Francisco de Vitoria, así como Serapaz, destacaron que las decisiones y recomendaciones de organismos como la CIDH han propiciado avances relevantes para transformar la realidad social e impulsar un comportamiento consistente con normas internacionales en la materia en el país.