Los gobernadores de 11 de las 23 provincias argentinas se declararon en emergencia económica seguido de los anuncios respectivos de sus planes de control y reducción del gasto público, ante las medidas de índole neoliberal tomadas esta semana por el gobierno del presidente Javier Milei para reducir la inflación del país.

Los planes de las provincias pasan por dificultades para pagar sueldos a funcionarios este mes y en enero próximo y programas de austeridad.

Los gobernadores, pertenecientes a sectores y partidos políticos peronistas, aliados en el frente Unión por la Patria (UxP), de la Unión Cívica Radical (UCR) o de Propuesta Republicana (PRO) en el espacio de Juntos por el Cambio (JxC), además de otras fuerzas provinciales, argumentaron que se apegaron a la reducción al reconocer que existe una emergencia económica a nivel nacional, informó la agencia noticiosa Telam.

Hasta antier se declararon en emergencia los gobernadores Gerardo Zamora (Frente Cívico), de Santiago del Estero; Claudio Poggi (JxC), de San Luis; Martin Llaryora (Partido Justicialista), de Córdoba; Osvaldo Jaldo (UxP), de Tucumán; Maximiliano Pullaro (UCR), de Santa Fe; Raúl Jalil (Partido Justicialista), de Catamarca.

Además, Gustavo Melella (UCR), de Tierra del Fuego; Ignacio Torres (PRO), de Chubut; Marcelo Orrego (Producción y Trabajo), de San Juan; Rolando Figueroa (Movimiento Popular Neuquino), de Neuquén y Rogelio Frigerio (PRO), de Entre Ríos.

Zamora argumentó en redes sociales que “los anuncios realizados (a nivel nacional), si bien no conocemos los alcances, nos obliga a tomar medidas preventivas, de precaución y de mucho cuidado en la administración de los recursos y por eso enviaré un decreto de ‘necesidad y urgencia’ para declarar la emergencia económica, medidas restrictivas y de control del gasto público”.

Poggi, en cuya provincia ganó Milei, justificó que, lamentablemente, con mucha angustia, con mucho dolor y con mucha bronca, por primera vez en 40 años no podremos pagar 100 por ciento del sueldo de diciembre a fin de mes, ni 100 por ciento del sueldo de enero al fin de ese mes, deberemos desdoblar en dos cuotas el pago.

Desde la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Killof (UxP), algunos de sus ministros advirtieron que se mantiene en alerta por las medidas económicas anunciadas por la administración Milei, que consta, entre otras cosas, de la limitación de los giros por fuera del sistema de distribución de recursos federales que establece la Ley de Coparticipación.

En tanto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, sostuvo antier su primera reunión con varios mandatarios provinciales para exponer las dificultades que debe encarar la nación en su conjunto.

Es necesario que analicemos la situación en su conjunto, y no desde la visión de cada uno de los actores, y agregó que las medidas adoptadas por el gobierno nacional se decidieron para evitar un daño mayor a todos los argentinos.

Milei aseguró en la red social X que si se anualiza el dato de inflación la misma está viajando a 7 mil 550 por ciento anual por lo que sería una hiperinflación e indicó que espera que los argentinos comprendan el esfuerzo extraordinario llevado a cabo para evitar una catástrofe en términos de pobreza. En noviembre pasado, se reportó que el aumento anual del costo de la vida fue de 160, lo que implica que los salarios perdieron cada mes más de 10 por ciento de su poder de compra.

Francos indicó que el gobierno organiza un nuevo encuentro con los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, para el próximo martes en la Casa Rosada, cita que podría encabezar el presidente.

La represión en Jujuy recibe más castigo

La policía de la ciudad de Buenos Aires desalojó ayer a miembros de comunidades indígenas de Argentina que permanecían frente al Palacio de Tribunales para denunciar la violencia e irregularidades gubernamentales en la provincia de Jujuy.

El 25 de julio, cientos de integrantes de pueblos como el atacama, quechua, humahuaca, ocloya y guaraní partieron desde ese territorio del norte del país en una marcha conocida como el Tercer Malón de la Paz y arribaron a esta capital el 1 de agosto.

Desde entonces, un grupo de ellos se encontraba en la plaza Lavalle en espera de una respuesta de la justicia tras denunciar la violación de sus derechos y el uso de la fuerza contra quienes se opusieron a las políticas del ex gobernador Gerardo Morales y a una reforma amañada de la constitución jujeña a favor de empresas.

El relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi Voule, expresó ayer su preocupación por el protocolo de seguridad anunciado por la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, criticado por ser una estrategia para criminalizar la protesta social en el país.