Lunes 11 de diciembre de 2023, p. 11
A pesar de su labor fundamental, persiste una preocupante ola de violencia
contra quienes defienden los derechos humanos en el país”, y de acuerdo con datos de la ONU-DH, entre enero de 2019 y noviembre pasado se reportaron al menos 93 asesinatos y ocho desapariciones, denunciaron organizaciones especializadas en ese tema.
Comunidades indígenas que reclaman sus derechos a la tierra y al territorio, las madres buscadoras y las mujeres defensoras son víctimas de asesinatos, criminalización, desaparición y otras agresiones físicas y sicológicas, muchas con un marcado sesgo de género
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Por el Día de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, que se conmemoró ayer, organizaciones como los Centros Fray Francisco de Vitoria OP, de la Montaña Tlachinollan y Mexicano de Derecho Ambiental, entre otras, hicieron un llamado a las autoridades para reforzar su protección y establecer una política pública integral que garantice su labor de defensa.
Instaron a la Secretaría de Gobernación a reforzar las acciones de coordinación institucional y a fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a la Fiscalía General de la República a aplicar un plan de persecución penal para estos delitos.
En un manifiesto, las organizaciones señalaron que la situación en estados como Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Chiapas, México, Colima, Veracruz, Guerrero y Sonora es alarmante debido a las constantes amenazas y ataques a defensores de derechos humanos
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Expusieron la reciente desaparición y posterior asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, Jalisco, el 24 de noviembre, a pesar de contar con medidas de seguridad federales, así como el caso de la desaparición del abogado defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes y el líder comunitario Antonio Díaz Valencia, en Cerro de Ortega, Colima, el 15 de enero de este año.
En Guerrero, el caso de Arnulfo Cerón Soriano, defensor desaparecido en 2019 y hallado sin vida refleja la lucha de sus compañeros por la justicia. Tras cuatro años de esos hechos aún enfrentan obstáculos y riesgos para quienes luchan por la verdad y la búsqueda de justicia en su caso, lo que evidencia la falta de transparencia en el proceso y la impunidad estatal.
Por eso también pidieron medidas específicas de protección para defensores del medio ambiente, conforme lo establece el artículo 9 del Acuerdo de Escazú.