La suspensión otorgada por el ministro Javier Laynez Potisek contra la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) permitirá que ex trabajadores y ex funcionarios con pensiones complementarias –adicionales a las que por ley les otorgó el Issste– reciban sus aguinaldos adicionales este fin de año.

En el acuerdo donde notificó de su decisión, el togado justifica la medida cautelar: para no generar un estado de cosas que pudiera comprometer el cumplimiento efectivo de las obligaciones laborales a cargo del referido poder (PJF) es que se impone paralizar la ejecución del acto impugnado hasta en tanto se decide la acción de inconstitucionalidad en el fondo.

De los 13 fideicomisos que la reforma a la Ley Orgánica del PJF ordena desaparecer, tres están destinados a otorgar pensiones complementarias a sus ex trabajadores.

Por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se cuenta el Fideicomiso para Pensiones Complementarias de Mandos Medios y Personal Operativo, que hasta septiembre pasado acumulaba 3 mil 57 millones 698 mil 12.21 pesos, los cuales, según reportes disponibles en el sitio web del máximo tribunal, financian jubilaciones adicionales para 188 ex trabajadores.

▲ El ministro Laynez otorgó el pasado martes la suspensión para evitar la desaparición de los fondos.Foto Guillermo Sologuren

También de la SCJN está el Fideicomiso para Pensiones Complementaria de Mandos Superiores, del cual sólo se benefician actualmente 26 personas y acumulaba hasta septiembre pasado 856 millones 376 mil 845.53 pesos.

Respecto al Consejo de la Judicatura Federal figura el Fideicomiso para Pensiones Complementarias de Magistrados y Jueces Jubilados, con un total de 4 mil 826 millones 16 mil 101.55 pesos. En el sitio de Internet de este organismo no está disponible una lista pública de las personas que reciben este beneficio.

Laynez añade que conceder la suspensión contra la liquidación de estos fideicomisos era necesaria, pues de no concederse la medida solicitada se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales que se aducen como vulnerados, ocasionando con ello daños irreversibles para los servidores públicos del PJF.