ntonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, declaró en la apertura de la Conferencia de Partes de la ONU sobre el cambio climático (COP28) reunida en Dubái, que: No podemos apagar un incendio con una manguera de combustibles fósiles. Lleva años advirtiendo sobre la crítica cuestión medioambiental.

Casi al mismo tiempo el emiratí Sultán Ahmed al Yaber, que preside la reunión, negaba que exista evidencia científica de que la reducción progresiva de combustibles fósiles contribuya al objetivo de limitar el calentamiento global debajo de dos grados centígrados en relación con los niveles preindustriales (en referencia a la revolución industrial). Al Yaber es el ministro de Industria de Emiratos árabes Unidos y consejero delegado de Adnoc, la empresa nacional de petróleo de Abu Dhabi. La ONU apoya poner fin a los combustibles fósiles; al respecto Sultán Ahmed dijo que: De ningún modo me sumo a ningún debate alarmista. El cara a cara fue bastante claro.

Al Yaber habría conseguido que algunas de las mayores petroleras del mundo (entre ellas: Exxon, Total, BP y Shell) ofrecieran eliminar las emisiones para la mitad del siglo. Esta parece una más de las promesas repetidas en estas reuniones. (Las petroleras estatales de Iran, China, México, Kuwait, Venezuela y Rusia no participaron del acuerdo). Al Yaber hizo, también, que más de 100 países apoyaran el propósito de triplicar la capacidad de las energías renovables para 2030.

Lo que Al Yaber sí consiguió es llevar a la COP28 a cientos de banqueros, consultores y cabilderos para codearse con las delegaciones de 200 gobiernos. Los bancos y los fondos de inversión no iban a oír declaraciones ni quejas. El propósito explícito es consolidar el mercado global de emisiones mediante los llamados créditos de carbón, que equivalen a un permiso de emisiones. Estos créditos amparan la emisión de dióxido de carbono por parte de un país o una empresa y pueden comprarse a otros que tienen proyectos de mitigación de contaminantes. La experiencia de la financiación de la actividad económica llevada al extremo provocó la crisis en 2007 y sus largas secuelas; ahora tales prácticas podrían extenderse al terreno de las inversiones en el campo de la energía sustentable.

En la COP21 de París en 2015 se acordó combatir el cambio climático e impulsar la sustentabilidad ambiental con bajas emisiones de carbono. Así, se creó el entorno para la expansión de las energías renovables, aunque sin la provisión necesaria de las inversiones requeridas. Se estima que es necesario duplicar el nivel de los fondos para inversiones para aproximarse así al objetivo de triplicar la capacidad de las renovables y se plantea que los recursos deberán provenir del sector privado.

El gancho de la reunión de Dubái es el propósito de triplicar la capacidad de producción de energías renovables, principalmente solar y de viento para 2030. Este se considera como un objetivo vital para conseguir limitar el alza en las temperaturas globales al 1.5 grados centígrados y prevenir los peores efectos de cambio climático. La ruta implicaría duplicar los estándares de la eficiencia energética y extender de forma masiva las tecnologías de energías limpias durante los próximos años, como el medio para reducir la demanda de combustibles fósiles.

Más allá de los diagnósticos sobre la crisis medioambiental asociada con el cambio climático, cuyas repercusiones son cada vez más notorias, más extendidas y en muchos casos verdaderamente catastróficos, está la voluntad política de los distintos gobiernos para alinearse con las medidas energéticas que se plantean. Tal voluntad no está garantizada. El caso de Brasil en la COP28 fue notorio. El diario The Guardian reportó que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que se han ajustado de modo ambicioso las metas sobre el clima y reducido la desforestación del Amazonas para llegar a cero en 2030, pero al mismo tiempo su ministro de energía declaraba que Brasil planea acercarse más al cartel de la OPEP. En México la política energética está centrada en el petróleo. No se aprecia como se haría funcional un acuerdo general que conduzca a la necesaria convergencia de los ajustes ambientales en el ámbito global.

Aun suponiendo que se alinearan los intereses, lo que hoy no es claro, está el asunto clave de los recursos involucrados para transitar a las energías limpias y sustituir los hidrocarburos. La transición es costosa en lo económico y desigual socialmente. La meta de triplicar la capacidad de las energías limpias, que conlleva duplicar los niveles de la inversión, enfrenta asuntos prácticos. Su resolución es complicada y requiere de diversas capacidades internas de los países involucrados, como son: atraer los fondos requeridos; rediseñar los mercados de la energía; establecer las normas y los permisos necesarios, mejorar y adecuar las redes de electricidad e ir acomodando y removiendo las medidas que privilegian el uso de combustible fósiles.

El motor del cambio climático es la acumulación progresiva de dióxido de carbono en la atmósfera, esto eleva las temperaturas y está ocurriendo ya, de ahí la premura de la situación. Los indicadores medioambientales son claros y cada vez más graves. Si ponemos al elenco en el escenario de la crisis del clima vemos gobiernos, políticos, agencias internacionales; órganos burocráticos; enormes conglomerados de la producción de energía; grandes usuarios; entidades financieras y demás. En medio de eso y en un entorno de creciente vulnerabilidad y riesgos está la gente, que mira y resiente lo que pasa mientras se fijan una y otra vez metas y compromisos y se gestionan los intereses prevalecientes. Mala cosa.