Por tercera ocasión en seis años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) atraviesa una crisis de abierta rebatiña por el poder de esta máxima instancia, cuyas decisiones son definitivas e inatacables.

El alcance de los magistrados electorales es mayúsculo, pues tienen la facultad de validar no sólo gubernaturas, diputaciones y senadurías, sino también calificar la elección de la Presidencia de la República.

Según los hechos recientes, la liga de tolerancia en el TEPJF dura apenas unos dos años, pues en 2019 los mismos jueces presionaron a su colega Janine Otálora para que renunciara a la presidencia de la sala superior.

En aquel momento, como ocurrió en los episodios posteriores, unos y otros se acusaron de uso presupuestal o administrativo a modo y, sobre todo, de obedecer a determinada fuerza política.

La magistrada lo resumió entonces así, en su forzada despedida al cargo: “La reciente crisis en la que se ha visto inmersa la sala superior del tribunal se inscribe en la tensión a la que este órgano se ve sometido al resolver conflictos políticos entre los diversos actores.

Cada uno de mis votos ha sido argumentado y fundado exclusivamente en las pruebas y en el derecho. El ejercicio del presupuesto puede ser revisado y auditado en cualquier momento, así como mis cuentas personales.

Y tras un periodo de relativa calma, en agosto de 2021, un bloque de cinco magistrados (Reyes Rodríguez, Otálora, Indalfer Infante, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata) literalmente corrieron a José Luis Vargas de la Presidencia, para luego relegarlo de todas las decisiones del tribunal, y sólo contaba con el apoyo de Mónica Soto.

En los días de la embestida, los cinco lo acusaron de traidor y haber metido al tribunal en la peor de las crisis y le achacaron una conducción de despropósitos, excesos y caos.

Aquél intentó resistir (incluso en una sesión acusó a sus detractores de actuar en manada), pero el asunto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente tras un encuentro de los cinco con el ministro presidente. Al otro día, Vargas renunció. Entonces, el 2 de septiembre de 2021, Reyes fue designado presidente del TEPJF hasta octubre de 2024.

Otra vez se abrió un periodo de aparente calma, pero en realidad, apenas concluyeron la gestión dos magistrados (Vargas e Infante), el 31 de octubre pasado, Soto, De la Mata y Fuentes mostraron que en realidad solo habían estado velando armas, ahora en contra de Reyes.

Del lado del magistrado presidente se dice que no gustó que haya impuesto el método aleatorio para la asignación de casos y que redujo los gastos de las magistraturas, mientras sus detractores le echaron en cara que haya pedido el auxilio de la SCJN (la misma a la que sí recurrieron para correr a Otálora y Vargas). El jueves pasado le espetaron de todo, en especial que metió despachos privados a operar en el tribunal y que ha hostigado a quienes no están con él.

En la primer intentona, Reyes pidió tiempo y prometió responder este lunes si deja o no la presidencia deltribunal, fundado en 1996, con la tarea constitucional de resolver impugnaciones como máxima autoridad electoral de México.

La historia se repite. Sin embargo, esta vez con el agravante de que la pelea ocurre en pleno proceso rumbo a la sucesión de la Presidencia de la República.