a Suprema Corte de Justicia de la Nación se asume como guardiana de la Constitución y como tal su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de las personas. Eso sostiene, pero en los hechos es la primera en violar la Carta Magna, con el artículo 127 a la cabeza, el cual ordena que “ningún servidor público podrá recibir remuneración (…) mayor a la establecida para el Presidente de la República”, aunque en el caso de los ministros (los guardianes) esa directriz y las quejas por su incumplimiento de plano ni la ven ni las oyen, como tampoco el descarado conflicto de intereses en los que incurre.

Tampoco acata sus compromisos públicos, especialmente aquellos de gran impacto social, como el de la ministra presidenta Norma Piña relativo a la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Poco más de un mes atrás y tras la propuesta del presidente López Obrador de destinar los recursos en ellos contenidos a los damnificados por Otis, la señora aceptó por representar una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población; trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida.

En los hechos, la ministra Peña no pasó del discurso: junto con sus guajiros, operó bajo el agua, hizo mancuerna con diputados y senadores de la oposición y dejó el trabajo sucio a su colega Javier Laynez Potisek, quien sin más decidió suspender la liquidación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación extinguidos por el Poder Legislativo, sin importar el descarado conflicto de intereses.

Dado lo anterior, de entrada el presidente López Obrador se refirió al ministro Laynes en estos términos: está muy activo, porque fue el que intervino en lo de Nuevo León, estuvo de guardia; intervino en esto de los fideicomisos para que no devuelvan el dinero los integrantes del Poder Judicial y también intervino ayer en lo de los vapeadores, o sea, está bateando arriba de 300, sin olvidar lo que dije al principio: celebré que la presidenta Piña haya tomado la iniciativa de informarnos que podían utilizarse esos recursos (de los fideicomisos) para los damnificados de Acapulco, lo celebré; pero, al mismo tiempo, empecé a notar que había inconformidad por lo que había decidido. Y a los pocos días un amparo y luego otro, y ahora ya un ministro deja sin efecto lo que había planteado la presidenta originalmente. Me envió un oficio, está por escrito, incluso hasta los representantes del Congreso se sumaron y estaban de acuerdo.

Entonces, para saber por qué todo lo echaron para atrás, López Obrador consultó su bola de cristal, y ella le reveló dos posibilidades: “una, que ella sintió que era lo correcto destinar esos 15 mil millones, que no les afectan en lo laboral, que no dejan sin salarios, sin prestaciones a los trabajadores, que eso hay que aclararlo porque es un fondo ahí para garantizar privilegios que tienen que ver con sueldos elevadísimos y con otras prestaciones. Bueno, pues creo que ella pensó que era un momento de decir que ese recurso, que ya el Congreso, la Cámara de Diputados, que tiene facultades, decide que se devuelva a la Tesorería, pues ella plantea: ‘Estoy de acuerdo y que se etiquete para que se ayude a los damnificados de Acapulco’. Hasta ahí iban bien las cosas”.

Otra, que “ella simuló y nada más fue salir al paso, y al mismo tiempo alentó lo de los amparos. O sea, el doble discurso, la doble moral, la hipocresía. Lo otro es que fue sometida a fuertes presiones de los mandamás, porque una cosa son los cargos formales y otra cosa es el poder real … Antes en México, hasta hace poco, había quienes se sentían los dueños de México, porque mandaban en el Poder Legislativo, en el Judicial, en el Ejecutivo; eran los jefes”.

¿Cuál creen que sea la posibilidad correcta? Hagan sus apuestas.

Las rebanadas del pastel

Insaciables, los dueños de la mitad del país –los propietarios del 50 por ciento adicional no asistieron– se reunieron con el presidente López Obrador para pedir más de lo muchísimo que ya poseen. Se quedaron con la infraestructura productiva del Estado y mucho más, todo privatizado en el régimen neoliberal. Entonces, si la anaquelería de la megaventa de garaje de los bienes de la nación ya está vacía, ¿qué quieren ahora?

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