El juicio contra quienes utilizaron el programa Pegasus de fabricación israelí para espiar, con el cual durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se violó la secrecía de las comunicaciones de empresarios, periodistas y ciudadanos que eran de interés para las instituciones de seguridad, abrió la oportunidad de proteger la privacidad de las personas, afirmó Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

Lo anterior, durante la audiencia contra de Juan Carlos García Rivera, empleado de una filial del Grupo KBH acusado de participar en esas acciones. En la diligencia realizada el lunes pasado en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, Sánchez Pérez recordó que la contratación y adquisición de Pegasus se hizo en 2014, con un esquema que violó las leyes vigentes.

“Hoy, la palabra Pegasus desgraciadamente nos lleva a la de espionaje, y su uso fue para vigilar ilegalmente y revisar todo, en este caso, lo realizado por una periodista respecto a un trabajo de investigación que tuvo un impacto social y que exhibe actos de corrupción”, dijo.

Este es el primer juicio a uno de los participantes en espionaje telefónico, en el que se utilizó un malware (software malicioso).

Según las acusaciones a García Rivera, también existen señalamientos que involucran al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio quien es investigado por los delitos de peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa, los cuales habría cometido en la compra ilícita del sistema Pegasus.

También están acusados de haber incurrido en esos actos ilícitos Judith Aracely Gómez Molano, ex oficial mayor de la entonces Procuraduría General de la República; Vidal Díaz Leal Ochoa, ex titular de la Policía Federal Ministerial, y Rigoberto García Campos, ex director de Información sobre Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), quienes de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) también intervinieron en esta operación de la compra de dicho programa de escuchas, a la cual se destinaron 460 millones de pesos.

Sin embargo, la FGR valora desistirse de llamar a comparecer a cuatro ex funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto, ente ellos Omar García Harfuch, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); Noé Ramírez Gutiérrez, ex administrador de Pegasus, y Gustavo Salas, ex subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, entre otros.

Se busca sancionar a quienes intervinieron las comunicaciones privadas de la periodista Carmen Aristegui, cuyo representante legal, Edgardo Calderón, expuso al juez de control que dejar en la impunidad la intervención sería sinónimo de avalar violaciones sistematizadas a los derechos humanos de los afectados.

Osorio Chong niega todo

El secretario de Gobernación en el sexenio de Peña Nieto, insistió ayer en que durante su gestión no se adquirió Pegasus y que no recibió órdenes del ex presidente priísta ni giró instrucciones para espiar a periodistas e integrantes de la sociedad civil.

Destacó que en el Cisen se tenía un sistema diferente y se utilizó para espiar a criminales, una vez que un juez hubiera aprobado la medida, con el fin de tener elementos para poder procesarlos.

Osorio Chong aseguró haber pedido que se entregara al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la información sobre el procedimiento seguido para las escuchas, que siempre tenían el amparo de un juez, insistió.

El ex funcionario pidió que se presenten pruebas sobre los planteamientos públicos de que él adquirió el sistema Pegasus y espió a periodistas y miembros de la sociedad civil, tema que, recordó, ya ha rechazado en el pasado.

(Con información de G. Saldierna)