ntre enero y octubre de 2023, el gobierno federal gastó un billón 52 mil 917 millones de pesos en el pago de pensiones y jubilaciones, una cifra sin precedente para un periodo similar, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se trata de un costo superior en 11 por ciento, en términos nominales (antes de ajustarlo a la inflación), al erogado en ese lapso de 2022, y está previsto que continúe su camino ascendente en el futuro próximo. El incremento constante en los montos destinados al retiro de los trabajadores del Estado y los registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) responde al envejecimiento de la población mexicana: crece el número total de habitantes y el porcentaje de quienes cuentan con 65 años o más pasó de cuatro a 10 por ciento entre 1970 y 2023.
Aunado a la baja en la natalidad y el consecuente estrechamiento de la población económicamente activa, el creciente costo de las pensiones y jubilaciones presiona de manera sensible a las finanzas públicas. Para ilustrar el significado de estas liquidaciones, basta con mencionar que asciende a 22 por ciento, casi una cuarta parte, del gasto programable de la Federación. Las dimensiones de este gasto dan pábulo a las voces que ven en las pensiones un dispendio de recursos que estarían mejor invertidos en infraestructuras, la educación, la salud, la investigación científica y tecnológica o los estímulos a la iniciativa privada.
Aunque estos discursos puedan resultar persuasivos dados los innegables rezagos nacionales en todos los rubros enumerados, debe recordarse que quienes los enarbolan rara vez tienen una preocupación genuina por recomponer la situación del país e impulsar el desarrollo de las mayorías: lo que se halla detrás de esos llamados es una combinación de dogmatismo neoliberal e intereses personales y de grupo que buscan destruir las conquistas laborales para convertir los derechos de los trabajadores en un espacio de lucro, tanto mediante la reducción de impuestos como por la transferencia del presupuesto público a manos privadas, tal como se hizo de manera escandalosa durante los sexenios anteriores.
La realidad es que la Federación tiene un amplio margen para reforzar el régimen fiscal, a fin de allegarse recursos que permitan sostener e incluso ampliar derechos como las pensiones y jubilaciones sin que ello implique afectar el clima de negocios ni la prosperidad de los dueños de grandes capitales. El caso de los bancos resulta paradigmático de la concentración de la riqueza en pocas manos y de las fuentes de las cuales podría financiarse el Estado para sostener el bienestar de la mayoría de los mexicanos: en los primeros 10 meses del año, los bancos que operan en el país obtuvieron 227 mil 993 millones de pesos de utilidades, cantidad que representa un récord histórico y es 17.4 por ciento superior respecto a los 194 mil 111 millones reportados en el mismo periodo del año pasado. Tres cuartas partes de estas ganancias se concentran en los seis mayores grupos financieros (BBVA, Santander, Banorte, Citibanamex, HSBC y Scotiabank), cinco de los cuales son de capital extranjero. Estas cifras se explican, en buena medida, por las altas tasas de interés fijadas por el Banco de México para contener la inflación desatada desde mediados de 2021. Asimismo, responden a que la banca ha incrementado 20 por ciento el margen financiero; es decir, la diferencia entre los intereses cobrados a los deudores y los pagados a los ahorradores. Esto significa que las instituciones financieras se benefician de las elevadas tasas de referencia, pero no dispersan la bonanza entre sus clientes inversionistas, sino que la acaparan.
Queda claro que un incremento mínimo en los impuestos sobre esas ganancias daría alivio a las finanzas públicas y, de cualquier modo, seguiría dejando a las instituciones financieras unos márgenes de utilidad mucho más amplios de los que encuentran en los países donde se localizan sus matrices.
