La opinión consultiva que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) sobre las actividades de empresas privadas de armas y sus efectos en violaciones a las garantías fundamentales podría salvar miles de vidas al año en América Latina, advirtió el Estado mexicano.

En el cierre de las audiencias para escuchar las observaciones de países y expertos sobre este tema, Alejandro Celorio Alcántara, representante ante el organismo internacional, indicó que en 2017 se perpetraron 173 mil homicidios en América Latina, de los cuales 75 por ciento fueron cometidos por arma de fuego.

Esto refleja que la problemática afecta a toda la región y la amplia disponibilidad de arsenal y su tráfico ilícito no es exclusivo de Estados Unidos y México.

Ante el pleno de la Coridh, Celorio Alcántara puntualizó que las dos demandas civiles por negligencia que el gobierno de México presentó ante cortes estadunidenses contra empresas fabricantes de ese país se mencionaron únicamente como referencia; no se busca que la Corte se pronuncie expresamente. Por la relevancia de la presencia de armas de fuego en la región y por la urgencia de abordar su amplia disponibilidad y tráfico ilícito desde diferentes ángulos, es que el Estado mexicano recurre a esta Corte, subrayó ante países y especialistas que apoyaron la solicitud de opinión consultiva.

María Fernanda Berrú Torres, representante del Instituto Peruano de Derecho Comparado, señaló que la ausencia de un marco legal armonizado en el mundo permite enfoques heterogéneos de empresas en diferentes regiones, dificultando así la coherencia entre los esfuerzos para abordar los desafíos globales.

Agregó que se requiere incluir el enfoque de género cuando se aborda el tráfico ilícito de armas, porque las consecuencias de esta actividad afecta de manera desproporcionada a mujeres y facilita la perpetración de abusos contra ellas.