emasiado bueno para que fuera real: cuando tersamente anunció que aceptaba la propuesta presidencial para que los voluminosos dineros de los 13 fideicomisos del Poder Judicial –extinguidos por el Legislativo– se destinaran a los damnificados por el huracán Otis, la ministra Norma Piña aseguró que se trataba de una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población.

¡Qué bonito!, pero en cuestión de días el compromiso y la solidaridad de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no trascendió el discurso público, pues se conoció que más allá de sus sonrisas para la foto había operado por abajo del agua para mover a su tro-pa –más el empujoncito de los partidos de oposición con su acción de inconstitucionalidad– y así evitar, mediante una jugada leguleya en la que el Poder Judicial de la Federación (PJF) aparece como juez y parte, que un solo centavo de dichos dineros fuera canalizado a los damnificados.

Conocida esa jugada, el presidente López Obrador denunció: “ya no sé cuántos amparos (se han concedido para evitar el uso de esos dineros para los damnificados), y la señora (Piña) ni siquiera se pronuncia, ya no vuelve a hablar. Mejor que nos diga que cambió de parecer o la presionaron, o por qué no va a cumplir… Es muy lamentable que estas cosas pasen, porque se trata de la presidenta de la Suprema Corte, que en un escrito que me dirige se compromete a aportar los recursos del fideicomiso en beneficio de los afectados de Acapulco y ahora cambian, están metiendo amparos y con sus aliados del PAN haciendo maniobras leguleyas”. Y es la fecha que la ministra Piña no ha dicho ni pío.

Ella no, que para eso tiene a sus huestes: La Jornada (César Arellano García) informa que Elizabeth Trejo Galán, titular del noveno juzgado de distrito en materia administrativa, concedió la suspensión definitiva que frena la reforma que elimina 13 fideicomisos del PJF, por lo cual quedaron congelados, por ahora, los cerca de 15 mil millones de pesos de esos instrumentos.

¿A quién se la concedió? A la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, es decir, a integrantes de la granja de la solidaria Norma Piña. ¿Por qué? Bueno, según la titular del juzgado de referencia, decidir en sentido contrario sería en detrimento de los derechos adquiridos de los miembros del PJF en materia de trabajo y seguridad social y afectaría derechos adquiridos previstos en las condiciones generales de trabajo. ¿Y el conflicto de intereses?

Todo indica que a la ministra Piña lo único que realmente le importa son los abundantes dineros de los fideicomisos (legalmente extinguidos); su palabra empeñada públicamente le resbala, algo que sólo daña su, de por sí, deteriorada imagen y su actuar como servidora pública. Lo mismo sucede en el caso de la mencionada asociación y de la titular del referido juzgado.

Días atrás, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal denunció que, en la lluvia de amparos contra el uso de los recursos de los citados fideicomisos, “la jueza Elizabeth Trejo Galán (…) otorgó la suspensión con efectos generales que le favorece, así como a los demás jueces y magistrados, hayan promovido o no, juicio de amparo. La suspensión sólo debía otorgarse de existir un acto concreto derivado de la norma que afectara la esfera jurídica de los quejosos, y no en favor de terceros ajenos al juicio”.

Algo más: “un juez no puede conocer de un juicio en el que pueda tener interés personal; por ende, el artículo 17 constitucional, así como los numerales 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, consagran la imparcialidad judicial como un requisito necesario del estado de derecho, donde incluso las apariencias tienen gran importancia, pues lo que está en juego es la confianza que los tribunales en una sociedad democrática deben inspirar al público y, sobre todo, a las partes que intervienen en un determinado juicio. Jueces y magistrados resuelven amparos que les benefician so pretexto de defender la independencia judicial; buscan mantener el control de los recursos públicos (…) para otorgarse beneficios extraordinarios de los que no gozan los demás servidores públicos”.

No es gratuito, pues, que la mayoría de los mexicanos eche pestes de los integrantes del Poder Judicial de la Federación.

Las rebanadas del pastel

Va un fuerte abrazo para La Jornada Morelos y todo su equipo por su primer aniversario. ¡Salud!

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