Madrid. Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, solicitó al Tribunal Supremo español que abra una investigación contra el ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y contra otras 11 personas, por un presunto delito de terrorismo debido a su supuesta vinculación a las actuaciones de sabotaje a infraestructuras y violencia callejera cometida en noviembre de 2019 y desde la plataforma independentista Tsunami Democratic.

Esta indagatoria se abre en pleno proceso de trámite de la nueva ley de amnistía, que permitirá la anulación de los procesos penales contra todos los dirigentes, simpatizantes y militantes del separatismo cata-lán que son juzgados por actuaciones vinculadas al proceso de independencia de 2012 a la actualidad.

Puigdemont, por su calidad de europarlamentario, tiene inmunidad, de ahí que el juez García-Castellón decidió inhibirse de la investigación que tenía abierta en la Audiencia Nacional y trasladar el caso al Tribunal Supremo, el órgano responsable de los procesos judiciales que afectan a quienes gozan de inmunidad. El caso se abrió a raíz de las protestas en las principales ciudades de Cataluña en noviembre de 2019, a raíz de la sentencia de Tribunal Supremo contra los dirigentes separatistas que sí fueron juzgados por su participación en la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017.

De acuerdo con la investigación, Puigdemont y la ex secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, quien reside en Suiza, coordinaron y organizaron las protestas, en las que hubo desde intentos de sabotaje al aeropuerto de Barcelona o las líneas de trenes de alta velocidad. e incluso ataques con piedras a dependencias públicas del gobierno español.

Esta investigación, una vez que la abra el Tribunal Supremo, podría complicar la situación penal de Puigdemont y, sobre todo, dificultar la validación de la futura ley de amnistía por la Unión Europea (UE), que a petición de la derecha española ya pidió un informe sobre los detalles de la norma.

Durante la toma de posesión de los nuevos ministros del Ejecutivo, presidido por el socialista Pedro Sánchez, afloró el profundo malestar en Podemos, la formación política que pasó en menos de cinco años de ser la fuerza hegemónica de la izquierda a convertirse en una formación residual de una coalición de 15 partidos, Sumar.

Las ministras salientes de Podemos, Irene Montero, quien entregó la cartera de Igualdad, e Ione Belarra, la de Asuntos Sociales, arremetieron contra Sánchez y sus todavía socios de plataforma y sólo unos días de haber apoyado su investidura.

Montero señaló durante el traspaso de su cartera ministerial: hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos: poner las instituciones al servicio de los avances feministas.

Y le recalcó a su sustituta, la socialista Ana Redondo: ministra, deseo que nunca te dejen sola y tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno, porque el feminismo es un movimiento muy poderoso que conquista derechos haciendo preguntas que antes nadie se hacía y proponiendo nuevas respuestas.

Belarra señaló: “no les oculto que hoy es un día difícil para mí. Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español consiguen hoy lo que no consiguieron en 2019, que es echar a Podemos del gobierno.

Esto no solamente injusto, sino que es un enorme error político porque tenemos a una ola reaccionaria enfrente.”

El vocero del grupo parlamentario socialista en el Congreso, Patxi López, acusó al dirigente de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo, de cruzar todas las líneas de la decencia al achacar al presidente del gobierno un tic patológico.