abriel Albiac, en su libro Elogio de la filosofía, apunta que para Blas Pascal lo relevante era “el juego y no el envite, la caza y no la presa –ni ganado ni perdido–”, ya que la “codicia del envite trueca el juego en una especie de oficio; y al jugador, en croupier”.

Es esa codicia la que se aplica a la política, donde lo esencial es la apuesta, obtener la presa y lo que se pueda ganar; ese es el oficio del político: tener el poder.

En el reciente ciclo electoral en España, Pedro Sánchez, líder del PSOE, jugó directamente al desafío, al envite en una jugada, compleja ciertamente, que fue pactar con todas las fuerzas políticas posibles como medio para renovar su ejercicio de la presidencia.

Finalmente, venció a Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, quien había ganado la mayoría de los votos en las elecciones del pasado 23 de julio, pero sin alcanzar los apoyos suficientes para formar un nuevo gobierno; ni con la alianza con Vox, el partido de extrema derecha.

En ese entorno apareció en la escena la fatídica aritmética electoral. Se puso así de manifiesto la condición determinante de tan sólo siete votos, que acabarían siendo indispensables para que Sánchez pudiera ser investido presidente del gobierno.

Ante la posibilidad que se abrió de sumar esos siete votos, el proceso político de la elección siguió un curso agitado para conseguirlos y quedarse con el gobierno.

Sánchez negoció con todas las fuerzas políticas que podía, en un frenético toma y daca para sumar los electores necesarios en el Congreso. Fue investido como presidente el pasado día 17 para un nuevo mandato de cuatro años, si es que consigue sostener la legislatura, lo que por ahora parece ser un asunto incierto.

Los siete votos en disputa eran los del partido independentista Junts per Catalunya, cuyo líder, Carles Puigdemont, está huido de la justicia tras el fiasco del proceso soberanista y de la fugaz declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. Puigdemont, en una de esas ironías que entraña la historia, acabó siendo la bisagra para el nombramiento de un nuevo gobierno en España.

El otro partido independentista catalán, Esquerra Republicana (ERC), ofreció sus votos, siete también, y negoció por separado distintas concesiones por parte del PSOE para alinearse en la investidura. Junts aprovechó las circunstancias y se fue por todo. El precio de los siete votos indispensables se fijó en la demanda de una amnistía para los encausados por el proceso soberanista de Cataluña en el periodo de enero de 2012 a noviembre de 2023. ERC se montó luego en el carro de la presión política sobre el gobierno por esa vía.

La amnistía se convirtió en el punto clave de la contienda política abierta en el país y manifiesta también entre amplios segmentos de la sociedad que acusan al PSOE y a Sánchez de romper el marco de la legalidad existente en el país. Si el independentismo liderado por Puigdemont había violado la Constitución, la amnistía aparece como una forma de reacomodar los hechos. Los ánimos se han ido exaltando durante las últimas dos semanas con manifestaciones ciudadanas de protesta en las calles; muy grandes sobre todo en Madrid, donde aparecen también elementos muy radicalizados de la derecha.

Las encuestas dicen que la sociedad está dividida por la mitad en cuanto a la aceptación de las negociaciones del ya presidente Sánchez. Las fuerzas políticas territoriales han aprovechado la palanca con la que se hicieron los catalanes de Junts y ERC para extender sus propias demandas en el contexto del apoyo al renovado gobierno. Esto ocurre con el Bloque Nacionalista Gallego, el Partido Nacionalista Vasco y la Coalición Canaria.

El gambito ejecutado por Pedro Sánchez al sacrificar buena parte de su política frente a los independentistas y, sobre todo, al aceptar promover una amnistía que hasta antes de las elecciones rechazaba, es el meollo de esta nueva legislatura. El pecado de origen es que el cambio de su postura al respecto ocurrió en cuanto se vio necesitado de los siete votos clave para mantener la presidencia.

El argumento de que hay una necesidad política de enfrentar el conflicto en Cataluña y rencauzar la institucionalidad no ha sido suficiente, como lo indica la honda disputa que se ha abierto. Esa es la dificultad para establecer el terreno de las negociaciones y también sus límites. En cuanto a la elección misma, la amnistía valía mucho, prácticamente todo, para Junts, ahora habrá que ver cuál es el precio que tendrá que pagar el gobierno recién formado.