l sistema de justicia en México ha sido históricamente desigual para las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, en donde los procesos de justicia son procedimientos que se vuelven utopías para quienes son víctimas de delitos y de graves violaciones a derechos humanos.
Aún más, cuando estas personas pertenecen a poblaciones a las que todavía no se les han reconocido institucionalmente sus derechos e identidades, a pesar de la existencia de marcos jurídicos en materia de derechos humanos en torno a esto. De acuerdo con la organización Impunidad Cero, 93.6 por ciento de los delitos cometidos no fueron denunciados y sólo menos de uno por ciento fueron solucionados. Asimismo, menciona la importancia de destinar los recursos suficientes a procesos de procuración de justicia, ya que es un índice de confianza en la ciudadanía y en las instituciones.
Sin embargo, hace falta más que presupuesto, pues se requiere personal capacitado y sensibilizado con las situaciones de injusticia, violencia e impunidad que las víctimas se encuentran constantemente en la búsqueda de justicia. Y, sobre todo, prevenir la revictimización de las instituciones y los medios de comunicación en sus diversas plataformas. Es necesario recordar que existen leyes y recomendaciones generales para que las personas y los medios de comunicación puedan recibir sanciones en la difusión de imágenes y videos que atenten contra la dignidad de las víctimas y sus familiares, primordialmente hacia las víctimas de feminicidio y/o violencia de género.
Empero, ello debería de abonar a que las personas y grupos diversos eviten divulgar información sin perspectivas de género, derechos humanos y desvictimización en las redes sociales y medios de comunicación, para el cuidado de la vida e integridad de las víctimas y familiares. Si bien la libertad de expresión es un derecho humano indiscutible para todas las personas, es indispensable asumir con responsabilidad social las opiniones que ejercemos en nuestros diversos contextos y espacios con el fin de prevenir la propagación de discursos discriminatorios que generen discursos de odio y/o de violencia para quienes pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad.
Este ejercicio de conciencia es fundamental para la construcción de espacios libres de violencia y para el fomento de una cultura de paz basada en la no-discriminación y el respeto a la pluralidad de ideas y personas. Aunado a ello, cuando los casos de violencia se hacen públicos, nuestra responsabilidad como sociedad es proteger la dignidad de las personas que han trascendido y cuidar a sus familiares de la revictimización que pueden llegar a vivir por parte de las instituciones y de quienes ejercen violencias desde la falta de conciencia y sensibilidad de la pérdida de una vida humana.
Por tanto, es importante mencionar que el enfoque de desvictimización se entiende como el proceso en donde se propone la resignificación y transformación de la situación de violencia vivida, para que le permita a las víctimas reconstruir su pasado desde la resiliencia y la sanación en el momento en el que se sientan listas, listes y listos.
Estos procesos abonan a que las víctimas se conviertan en agentes políticos y activos en sus procesos, transformando el dolor en organización social hasta que la dignidad se haga justicia. Por ende, es necesario que la procuración de justicia implemente de manera adecuada el enfoque de derechos humanos, las perspectivas de género e interseccionalidad, con el fin de que éstas permitan combatir las prácticas individuales y las lógicas estructurales de violencia y revictimización que viven las víctimas y sus familiares en las instituciones.
La dignidad de las personas no debería ponerse en duda ni en cuestionamiento por sus preferencias sexuales, de género, religiosas o cualquiera otra que esté basada en prejuicios, estereotipos o argumentos discriminatorios. Mucho menos, pueden ser utilizados para obstaculizar sus procesos de búsqueda y procuración de justicia ante los crímenes y delitos de los que hayan sido víctimas. Por el contrario, el Estado debería de garantizar que sus derechos humanos sean garantizados, respetados y reconocidos desde la equidad, la justicia y la paz, porque todas, todes y todos cabemos en la construcción de un mejor mundo más digno y posible.
