La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Loretta Ortiz aceptó revisar los argumentos planteados por el Poder Ejecutivo federal contra las reformas aprobadas por el Congreso de Morelos que impiden la remoción del fiscal Uriel Carmona Gándara hasta que un juez determine su culpabilidad por algún delito.

Este recurso se suma a la controversia constitucional que en octubre promovió el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, para impugnar las modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso estatal que benefician a Uriel Carmona.

Tanto el recurso presentado por la representación federal como por el Ejecutivo morelense señalan que la reforma que protege a Carmona Gándara es inconstitucional, pues la ley establece que en caso de ausencia definitiva del titular de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, es el gobernador de la entidad quien debe designar al sustituto.

En septiembre pasado, diputados morelenses, pertenecientes a las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Partido del Trabajo, aprobaron la modificación legal que regulaba la designación del sustituto del fiscal en caso de ausencia, y establecieron que únicamente se puede considerar una ausencia definitiva cuando el titular del órgano autónomo concluya el periodo de su cargo; también en caso de fallecimiento o cuando haya resolución firme e inacatable de una autoridad jurisdiccional.