El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó ayer su tajante su rechazo a las medidas antimigrantes aprobadas en Texas, luego de que el Congreso local dio luz verde a las leyes SB3, que asigna mil 500 millones de dólares a la construcción de un muro fronterizo, y SB4, que tipifica como delito ingresar ilegalmente al estado.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), estas normas pretenden detener el flujo de personas mediante su criminalización, lo que resultará en la separación de familias, discriminación y perfilamiento raciales.

En un comunicado, señala que si bien reconoce el derecho soberano de cualquier país de decidir las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio, respetuosamente externa su deber legítimo de proteger las garantías de sus nacionales en Estados Unidos.

En ese sentido, rechaza tajantemente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retornar a personas nacionales o extranjeras al país.

México subraya su preocupación ante el paquete de medidas legislativas que afectará los derechos humanos de los más de 10 millones de mexicanos que residen en Texas, al propiciar ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio contra los migrantes.

Asimismo, enfatiza su repudio a cualquier medida que contemple el retorno involuntario de extranjeros sin respeto al debido proceso. Añade que al tener conocimiento de la presentación de estas legislaciones que atentan contra los derechos de la población mexicana, la cancillería instruyó a las 11 representaciones consulares en Texas a tomar medidas para reforzar las acciones de asistencia y protección consular de la población.