Culiacán, Sin., El pasado mes fue el octubre más bajo en homicidios dolosos registrados en los últimos siete años; se contabilizaron 21.8 por ciento menos víctimas de ese delito respecto al máximo histórico de 2018, reportó ayer la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Al presentar un informe en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria explicó que se ha logrado una baja de los homicidios en el país de 18 por ciento respecto al inicio del sexenio, con un acumulado hasta octubre de 2023 de 25 mil 4 asesinatos.

Destacó que seis entidades concentran 47.2 por ciento de los homicidios que se cometen en el país: Guanajuato, estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán.

Añadió que los delitos del fuero federal han bajado 24 por ciento desde el inicio del sexenio, que el secuestro registra una baja de 79.5 por ciento y que en nueve decada 10 casos las víctimas de este crimen son migrantes.

Respecto al secuestro, reportó en “79.5 por ciento la disminución en todo el país de este delito (…); ha bajado a 33 secuestros en el mes. Hay que decir que la mayoría de los casos, 90 por ciento, se debe a secuestros de población migrante”, expuso.

En las instalaciones de la Novena Zona Militar, agregó que los feminicidios se redujeron 35.6 por ciento respecto a diciembre de 2018, sin embargo, mostró cifras que muestran que hubo un aumento entre septiembre y octubre de 2023, al pasar de 52 a 65 casos.

Señalamientos a jueces

El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, acusó a dos jueces por otorgar suspensiones para las reformas por la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial.

Al presentar el informe Cero impunidad, señaló al juez Juan Fernando Luévano Ovalle por haber concedido una suspensión provisional el pasado 30 de octubre, con el argumento de que la reforma que canceló los fideicomisos podría tener consecuencias jurídicas de difícil reparación para los promoventes.

Añadió que la jueza novena de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, otorgó una segunda suspensión el 7 de noviembre con el argumento de que la extinción de los fideicomisos podría afectar los derechos adquiridos por los trabajadores del Poder Judicial. Además, señaló que Trejo es integrante de una asociación de jueces y magistrados beneficiaria de esta suspensión provisional.

También acusó al juez José Rivas González de violar el curso regular de la justicia porque aprovechó que el 2 de noviembre fue un día feriado y puente vacacional para cambiar la medida de prisión preventiva a prisión domiciliara al ex procurador Jesús Murillo Karam, acusado de delito de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.

Con información de Arturo Sánchez Jiménez