En 2011 se aprobó una reforma constitucional para establecer el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, pero 12 años después sigue pendiente la ley reglamentaria en la materia, señala un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado.

Destaca que la legislación específica sobre el derecho a la alimentación en México es una tarea pendiente, pese a que ya hay una minuta sobre el tema, que fue aprobada en septiembre por la Cámara alta y ahora está en la de Diputados.

Se trata del proyecto de Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, el cual contiene definiciones y propuestas acordes con los lineamientos establecidos en los tratados internacionales en la materia.

Implica una reorganización institucional sin erogaciones adicionales de presupuesto y considera la participación de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en las definiciones referentes al derecho a la alimentación, por lo que parece viable su aprobación, puntualiza.

Esta propuesta reconoce el derecho de las personas a una alimentación adecuada en todo momento, a disponer de alimentos para consumo diario que sean inocuos y de calidad, que satisfagan las necesidades fisiológicas en cada ciclo vital.

Además, ordena que las dependencias realicen al menos 15 por ciento de sus compras de alimentos e insumos primarios a productores de pequeña y mediana escalas. Se prohíbe que los establecimientos comerciales desechen los alimentos que estén en condiciones de ser consumidos por los seres humanos.

El derecho a la alimentación adecuada se reconoce en diversos instrumentos de derecho internacional, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por 50 países reunidos en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, uno de ellos fue México.