En las sesiones que faltan del periodo ordinario, la Cámara de Diputados requiere desahogar –además de atender comparecencias pendientes de funcionarios– un paquete de iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales aún están bajo análisis en diferentes comisiones o por ser abordadas en el pleno.

Entre otras, en la Comisión de Gobernación yace la iniciativa que determine sobre la extinción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), y en la Comisión de Defensa se encuentra la moción que propone duplicar el cómputo de servicio de aquellos militares en operaciones, y aquella que establece las pautas para dar de baja del sistema educativo militar a los cadetes por mala conducta.

A principios de octubre, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados avaló la iniciativa de López Obrador para sancionar con prisión de 20 a 53 años el uso de drones para crear alarma, terror o atentar contra la seguridad nacional o para extorsionar a las autoridades o particulares.

La reforma prevé también la pena de cárcel de 10 a 20 años para quien ataque a la población o sus bienes con naves voladoras no tripuladas cargadas con explosivos o con químicos que por sí solos o combinados sean susceptibles de ser empleados con poder de fuego, y, cuando se ataque a las fuerzas armadas, la pena será de hasta 30 años.

El dictamen está pendiente de ser discutido en el pleno de la Cámara. Asimismo, el 18 de octubre, el Presidente mandó al Legislativo una propuesta para anticipar el retiro de militares que participen en operaciones de seguridad pública, al computar el doble el tiempo que dedican a estas tareas mientras están comisionados.

El mismo día envió la iniciativa para extinguir a Notimex, al considerar que ya cumplió su objeto como medio informativo. En la propuesta planteó que la liquidación estaría a cargo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y el pago a los trabajadores incluiría tres meses de salario por indemnización y 12 días por prima de antigüedad por año de servicio.

También está pendiente la iniciativa del Ejecutivo para una nueva ley general de protección civil y gestión del riesgo de desastres, donde se prevé que –tras la desaparición del fideicomiso del Fondo Nacional de Desastres– deberán ser los estados los que provean recursos para atender emergencias y la reconstrucción.

Morena en la Cámara de Diputados anticipó que estos serán abordados como prioritarios en lo que resta del periodo de sesiones.