La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que si el costo de luchar por que prevalezca la justicia y el combate a la corrupción es la no ratificación, estoy dispuesta a pagar el precio, porque mi deber es cumplir con la ley, no negociarla, para mantener la impunidad de un grupo político corrupto.

Hoy, agregó, además de 10 ex funcionarios de la alcaldía Benito Juárez y particulares llevados a proceso, otros cinco ex servidores públicos con niveles altos y mandos medios son investigados, así como dos contratistas, pero rechazó hablar de si entre ellos está el alcalde Santiago Taboada.

“Nos toca cumplir con la ley y combatir la corrupción, aunque signifique tocar a quienes se piensan intocables y han manifestado públicamente que, como venganza política, no me permitirán ratificarme, imponiendo la política a la justicia, como el Prian”, indicó.

Durante un mensaje a medios frente a uno de los 60 inmuebles asegurados a la red de corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, ubicado en Insurgentes Sur 1774, dijo que detrás de la negativa a su ratificación están el PRI y el PAN.

Somos muy incómodos con quienes están acostumbrados al privilegio de la impunidad o de protección de actividades ilícitas, pero seguiremos investigando sin filtros, sin consideraciones políticas, sin tamizajes y por supuesto sin hacer caso de amenazas.

Hasta el momento, la investigación de dicha red de corrupción inmobiliaria ha llevado a proceso al ex alcalde Christian N y tres ex directores generales: Adelaida N, de Obras; Luis N, de Gobierno, y Nicias N, de Obras y Desarrollo Urbano.

A ellos se les encontró culpables del delito de enriquecimiento ilícito, se les aseguraron seis y cinco propiedades, respectivamente, entre ellas la de Insurgentes Sur, que esperemos sea entregada a la Fiscalía y crear un centro de atención a víctimas. También se llevó a proceso a un ex subdirector, una particular, un contratista, un trabajador por honorarios y a una gestora.

La fiscal reconoció que esta acción ha molestado al PAN, a sus dirigentes y legisladores, pero toca a la Fiscalía combatir la corrupción, que un pequeño grupo de personas supone es un derecho y no un delito.

Así que, el plan A y B que tenemos es mi ratificación. De no lograrlo, perdería yo la oportunidad de seguir sirviendo a la ciudad y de continuar transformando la Fiscalía para que sea una institución al servicio de la gente y la justicia, manifestó.

En otro tema, la FGJ aclaró que no espía a personajes políticos, en respuesta una publicación del diario The New York Times, en el sentido de que la dependencia solicitó a la empresa Telcel los registros y escuchas telefónicas, así como geolocalizaciones, de más de una decena de funcionarios y políticos. Aseguró que el oficio con el cual se solicitó la información es falso, por lo que se iniciará una investigación para conocer su origen.

Al respecto, el vocero de la principal compañía de telefonía móvil en el país informó que, al igual que todos los operadores, tiene la obligación de proporcionar información a las fiscalías cuando lo soliciten; la aclaración se hizo sin asumir ni negar de manera directa lo publicado por el periódico estadunidense.