Mérida, Yuc., Los más de mil 500 indígenas recluidos en los tres penales de Yucatán (43 por ciento de la población carcelaria, que es de 3 mil 424 internos) sólo disponen de una representación jurídica con traducción bilingüe de 25 personas acreditadas, supuestamente, desde 2019.

Por ello, en sus procesos penales los nativos mayas han carecido de asesoría legal adecuada e intérpretes, que debieron ser obligatorios, documentó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) en un informe de 2021.

Destacó que más de 500 mayas –unas 45 mujeres y el resto hombres– se encuentran en el Centro de Readaptación Social de Mérida, y el resto en las cárceles de los municipios de Tekax y Ebtún, comunidad de Valladolid, al sur y oriente del estado, respectivamente.

Según el organismo, un grave problema ha sido que, ante la imposibilidad de entender los tecnicismos jurídicos, los indígenas han sido sentenciados sin poder defenderse efectivamente.

Hay muchos casos en los que los mayas cometieron delitos por proteger propiedades, o en defensa propia, pero no contaron con la ayuda y asesoría de abogados.

La mayoría sólo hablan su lengua nativa

La mayoría sólo hablan su lengua nativa, no pueden defenderse solos y carecen de apoyo jurídico, refiere el reporte de la Codhey, el cual descartó que haya indígenas encarcelados por motivos políticos o por ser activistas en cuestiones ambientalistas o territoriales.

Oficialmente, a partir de diciembre de 2019, 25 ciudadanos se instituyeron como intérpretes oficiales en lengua maya a fin de coadyuvar en los juicios en los que estén involucrados mayahablantes, mediante una certificación del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).

Según el director del Indemaya, Éric Villanueva Mukul, en Yucatán la población mayahablante representa casi el 30 por ciento de los habitantes y en algunas comunidades ni siquiera se habla español, de ahí la importancia de preparar traductores.

Nosotros somos los autorizados para hacer las traducciones oficiales, por lo que cuando hay un tema jurídico sólo el personal capacitado en el Indemaya está autorizado para esa actividad, puntualizó.

Expuso que en la ley está previsto como derecho contar con un traductor cuando se necesite y es común que se solicite principalmente para juicios penal, civil o mercantil.

Para el magistrado de circuito en retiro, especializado en asuntos indígenas, Pablo Monroy Gómez, hace falta recuperar una visión integral de derecho para que haya un verdadero acceso a la justicia de los pueblos indígenas, porque el número de intérpretes que hay no es suficiente y estructuralmente el sistema funciona como si fuéramos un país monocultural.

México es muchos países y muchas culturas

Se habla de un solo México pero somos muchos países y muchas culturas y si creemos que esta última es la manera en que entendemos al mundo, pues hay muchas formas de sentirlo. Por eso necesitamos conocer esas distintas maneras para no imponer una y menos la menos humana y menos sensible, destacó.

Tomás López Arroyo, integrante del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, refirió que Yucatán es una de las entidades con más intérpretes, pero es necesario revisar la eficiencia de los servicios y las condiciones de los mismos, porque un mayor número no garantiza que tengan la calidad suficiente.

Señaló: Es un tema estructural, de cultura, porque todo el diseño institucional es monocultural, hay un reconocimiento normativo multicultural, pero en lo jurídico está pensado para una sola lengua y cultura. Subrayó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), alrededor de 23 por ciento de la población yucateca habla una lengua indígena; es decir, más de 525 mil personas.

Además, existen 46 lenguas indígenas, de las cuales ocho concentran más de 100 mil hablantes: maya, ch’ol, tzeltal, tsotsil, náhuatl, zapoteco, mixe y zoque.

De igual forma, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 65 por ciento de los habitantes se autoadscriben como indígenas, y a pesar de ello sólo hay dos defensores públicos que hablan una lengua indígena (maya), además de otros dos asesores jurídicos que también hablan esa lengua.

El artículo segundo de la Constitución mexicana estipula que cualquier indígena que acceda al sistema de justicia estatal debe contar con un defensor que conozca su lengua y cultura, pero solo hay dos defensores que hablan la lengua maya, sostuvo.