La reforma que crea el sistema nacional de cuidados quedará pendiente en esta legislatura, ya que pese al impulso que le han dado las senadoras Malú Micher y Olga Sánchez Cordero, autoras de la iniciativa, el criterio de la Secretaría de Hacienda es que tiene un alto impacto presupuestal al que el gobierno federal no puede hacer frente.

La iniciativa fue presentada en 2021 y establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a un cuidado digno de niños, ancianos y todas las personas que lo requieran por enfermedad, discapacidad, así como de quienes viven en condiciones de extrema pobreza y las que sean cuidadoras sin remuneración.

En la exposición de motivos se destaca que es fundamental esa ley, toda vez que es en las mujeres y las niñas en las que recae el cuidado de ancianos y enfermos, situación que se acentuó a partir de la pandemia de covid 19.

El funcionamiento de la economía global depende en gran medida del trabajo de cuidados no remunerados que llevan a cabo casi en su totalidad las mujeres, que contribuyen a la economía de mercado mundial con mano de obra barata e incluso gratuita y, al mismo tiempo, apoyan a los estados al realizar el trabajo que debería estar cubierto por el sector público, se subraya en la propuesta que signaron, además de Micher y Sánchez Cordero, senadores de todos los grupos parlamentarios.

En todo el mundo, las mujeres y las niñas en situación de pobreza asumen una parte desproporcionada del trabajo de cuidados no remunerado o mal remunerado, especialmente aquellas que, por pertenecer a determinados grupos, no sólo sufren discriminación por razones de género, sino también de raza, etnia, nacionalidad o sexualidad.

Se resalta también que las mujeres realizan más de tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado, y constituyen dos terceras partes de la mano de obra que se ocupa en cuidados por los que sí reciben un salario.

Una política de cuidados, indica el documento, debe cambiar ese papel que se le ha impuesto a la mujer y que ha generado una desigualdad histórica. La reforma propone subsidios para quienes cuidan a familiares enfermos, discapacitados y adultos mayores y es parte de lo que no ha permitido que la ley se apruebe en los últimos dos años.

Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, propuso que esa ley general del sistema nacional de cuidados se apruebe, pero no entre en vigor sino hasta un año después, mientras se identifica qué responsabilidad corresponde a cada institución del Estado, entre ellas el DIF y las secretarías de Salud y Bienestar, e incluso se busque la posibilidad de que asociaciones privadas participen en el financiamiento.

Sin embargo, no hay avance alguno y menos en este año electoral, por lo que quedará entre los muchos pendientes que va a dejar esta legislatura.