La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de familias triquis de la comunidad de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, que están desplazadas en Yosoyuxi Copala, desde diciembre de 2020.

Pidió al Estado mexicano que adopte las acciones necesarias, y culturalmente adecuadas, para salvaguardar la vida e integridad personal de estas familias, en particular medidas de seguridad y garantizar que puedan regresar de manera segura a su comunidad.

La CIDH refirió que el 26 de diciembre de 2020 casi 100 personas que pertenecerían a Movimiento de Unificación de Lucha Triqui, ingresaron a la comunidad de Tierra Blanca Copala, en forma violenta, lo que habría generado el desplazamiento forzado de 144 familias hacia distintas partes del país.

Además, señaló que desde ese año y a la fecha, habrían ocurrido múltiples hechos de violencia, especialmente contra las familias desplazadas en Yosoyuxi Copala.

La comisión expuso que el Estado mexicano reconoció la compleja dinámica en la región triqui, donde distintas organizaciones habrían estado involucradas en conflictos políticos y sociales durante décadas.

En este sentido, indicó que México le reportó que a partir de ello ha dado atención permanente al conflicto, resaltando apoyos económicos, de salud y alimentarios.

Asimismo, que el gobierno de Oaxaca instaló la Mesa de Construcción de Paz con Justicia y Bienestar para la Nación Triqui con la participación de instancias federales, municipales y organizaciones sociales, al igual que una base de policía estatal en Tierra Blanca y aprobó Jornadas de Atención Social a las personas desplazadas.

La CIDH si bien valoró las acciones desplegadas por el Estado, observó la continuidad de sucesos violentos. Apuntó que en agosto de 2023 fue informada que un grupo atacó con armas de fuego a personas desplazadas en Yosoyuxi Copala, entre ellas niñas, niños y personas mayores.

En consecuencia, solicitó al Estado mexicano que las acciones que implemente en el contexto de las medidas cautelares, sean concertadas con las personas beneficiarias y/o sus representantes, y que informe sobre ello a fin de investigar los presuntos hechos y evitar su repetición.