De los 7 mil 175 millones de pesos de posibles daños al erario federal hallados por Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la segunda entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2022, 3 mil 258 millones, es decir, 45 por ciento, fueron encontrados en instituciones educativas estatales.

De ellos, mil 700 millones, casi una cuarta parte de los posibles desfalcos, se observaron en universidad públicas estatales, en las que persisten los problemas estructurales y los pasivos laborales.

La ASF señala que parte del problema es que la legislación que rige este gasto es ambigua y que la Secretaría de Educación Pública (SEP) emite criterios poco específicos y que dejan espacio a las anomalías.

Como parte de la revisión de la cuenta pública 2022, cuyo segundo informe parcial fue entregado el martes a la Cámara de Diputados, la Auditoría revisó la gestión de los recursos federales que ejercieron 35 universidades públicas estatales, que en conjunto ejercieron 105 mil 51 millones de pesos.

Como resultado, el ente fiscalizador hizo 415 observaciones, de las cuales, 309 ya fueron solventadas por las instituciones educativas y 106 están pendientes de ser atendidas. De estas últimas se generaron 119 acciones, de las cuales 32 son recomendaciones acordadas con los entes fiscalizados, 16 son acciones de promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, 63 son pliegos de observaciones y ocho son promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.

Del monto total de mil 700 millones de pesos de posibles irregularidades observadas, el destino de mil 577.2 millones se encuentra pendiente de aclaración, mientras durante el proceso de auditoría, la ASF recuperó 122.8 millones.

Problemas estructurales con el pago de plazas no reconocidas o no incluidas en la plantilla autorizada, erogaciones excedentes en sueldos, prestaciones o estímulos, pagos a docentes sin justificar el perfil de puestos, personal que no acredita el perfil académico requerido, son algunos de los problemas estructurales en las universidades estatales detectados en la revisión y que representaron 563.4 millones de pesos en irregularidades.

Otros mil 13 millones de posibles daños al erario están relacionados con problemas operativos de las casas de estudios, como la falta de documentación justificativa del gasto, recursos no ejercidos que no fueron reintegrados a la Tesorería o el pago por servicios no realizados.

En sus reportes sobre las posibles anomalías, la ASF indica que la SEP emitió criterios que son poco específicos; asimismo, si bien se suscriben los convenios, los esquemas e instrumentos de seguimiento presentan áreas de oportunidad.

La carencia de un pronunciamiento general por parte de la SEP genera que existan observaciones de índole estructural por la falta de una definición normativa clara y concisa. Dicha situación se ve reflejada en la aplicación de los recursos, advierte el ente fiscalizador.