na y otra vez lo ha dicho, tras la primera evaluación de los estragos causados por el huracán Otis: el gobierno federal cuenta con recursos suficientes para la reconstrucción y atención de los damnificados, pero a partir de ayer a esos dineros podrían sumarse los más de 15 mil millones de pesos acumulados (el cochinito de la burocracia dorada) en los recientemente extinguidos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

El presidente López Obrador lo ha reiterado: para atender a las víctimas del huracán hay fondos ilimitados; tenemos un recurso para eso, garantizado, pero además no se trata de fideicomisos, no se trata de fondos para atender emergencias. Cuando el pueblo de México necesita apoyo se puede utilizar todo el presupuesto público, no hay límites; a la gente de Acapulco no le va a faltar nada.

Garantizados, pues, recursos suficientes para el fin descrito. Pero a los dineros existentes, ahora el presidente López Obrador lanza una convocatoria que involucra y pone a prueba el alcance de la solidaridad y el compromiso social con México y los mexicanos de la burocracia dorada del Poder Judicial de la Federación (PJF), que no ha dejado de patalear por la extinción de su cochinito.

En la mañanera de ayer, el mandatario lo detalló así: “propongo a los integrantes del Poder Judicial un acuerdo para que se destinen los 15 mil millones de pesos (de los fideicomisos) a beneficiar a los damnificados de Acapulco y que ellos (los integrantes de la burocracia dorada) formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de esos fondos para que le llegue a la gente; pueden decir ‘estamos de acuerdo’, porque no les afecta en su presupuesto, no le afecta a los trabajadores; que ese dinero, que se tiene que regresar a la Tesorería de la Federación, el Ejecutivo lo aplique en beneficio del pueblo”.

Lo anterior implica que esa burocracia dorada se abstenga de recurrir a la industria del amparo que regentea y haga caso omiso de la intención opositora de presentar una acción de inconstitucionalidad por la extinción de los fideicomisos (cancelados por el Congreso), porque con su actitud positiva (léase sin litigio) se agilizaría la entrega de recursos a los damnificados, al igual que los que se canalizarán a la reconstrucción de las zonas devastadas, amén de que ella misma formaría parte del equipo responsable de vigilar el sano ejercicio de esos dineros para los fines descritos. Así, dijo el mandatario, este acuerdo permitiría destrabar procesos administrativos y agilizaría esta asignación, porque de lo contrario habría que esperar la aprobación y publicación del presupuesto y aguardar si no se presentan recursos legales contra esta aprobación. El balón, pues, está en la cancha de la élite del Poder Judicial de la Federación.

López Obrador invitó a la burocracia dorada a no escuchar el canto de la sirenas, porque hay gente que la malaconseja, al tiempo que exhortó a la élite del PJF a evitar acciones leguleyas en contra de la decisión de diputados y senadores (borrar del mapa 13 fideicomisos). No puede corregir la plana en algo que tiene que ver con ingresos y presupuesto, porque eso le corresponde al Poder Legislativo. Si ya decidió el Congreso que esos fideicomiso son abusos, un fondo de privilegiados y ese dinero puede usarse en beneficio de la gente, ¿cómo van a alegar que actuó mal el Legislativo? Y de pasadita le recordó que viola el artículo 127 constitucional al obtener un ingreso mayor al del jefe del Ejecutivo. Que le bajen; tienen la obligación de cuidar el prestigio de la institución; no pueden seguir deteriorando la imagen.

En el transcurso de la mañanera, el mandatario difundió una encuesta de la agencia Enkoll, publicada en El País, en la que la mayoría de los consultados (51 por ciento) se mostró a favor de la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial (34 por ciento en contra) y 54 por ciento de acuerdo con la reducción del presupuesto del PJF (32 por ciento en contra); 58 por ciento respondió que esa institución gasta más de lo que debería, y en materia de confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 62 por ciento respondió poco-nada. Entonces, dijo, si aceptan la propuesta esos números van a cambiar, porque la gente sabe reconocer cuando se rectifica.

Las rebanadas del pastel

Ladygelatinas se quedó con las ganas: por manifiesta e indudable improcedencia, el titular del juzgado octavo de distrito en materia administrativa desechó oootroooo amparo promovido por Xóchitl Gálvez. Se nota que no tiene nada qué hacer.

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