n su conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Poder Judicial que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos con los que contaba y que el Congreso determinó extinguir se asignen a un fondo de apoyo para los damnificados de Guerrero.

El mandatario destacó que si el Poder Judicial acepta este proceso se agilizaría la entrega de recursos a quienes lo perdieron todo cuando el huracán Otis golpeó al puerto de Acapulco, ya que, de lo contrario, habría que esperar a la aprobación del presupuesto para el año entrante. A fin de despejar cualquier duda sobre la intención altruista y la transparencia de esta propuesta, el Presidente abrió la puerta a que el Poder Judicial se integre al consejo que vigilará la distribución del dinero. La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, respaldó la idea e hizo votos para que quepa en el ánimo y en el corazón de quienes hoy reclaman recursos para privilegios donarlos a la gente que tanto los necesita.

Horas después, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, envió al titular del Ejecutivo un oficio en el cual señala su disposición a dialogar en torno a sus sugerencias, calificadas de una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población. La dirigente del máximo tribunal dijo quedar a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta.

El intercambio se produjo un día después de que el despacho Trusan & Roma presentó la primera demanda colectiva contra la extinción de los 13 fideicomisos a los que, durante años, el Poder Judicial fue desviando remanentes presupuestarios para darles un uso discrecional y opaco. La firma, con antecedentes de litigar a favor de privilegios de altos funcionarios, tenía la expectativa de que a más tardar esta semana un juzgado de distrito dejara sin efecto la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que entró en vigor el viernes pasado. Tras la postura fijada ayer por la ministra presidenta, la concesión de cualquier amparo sería no sólo una afrenta contra los miles de personas que requieren con urgencia el auxilio del Estado y contra el conjunto de la sociedad mexicana, sino también un acto de desacato y un abierto desafío a la propia instancia a la que pertenecen jueces y magistrados.

El repentino cambio de parecer de la dirigencia del Poder Judicial supone una confesión de que los fideicomisos en disputa nunca estuvieron relacionados con los derechos laborales de los trabajadores de esa rama del gobierno, pues, si así fuera, Piña no podría darlos por perdidos con semejante facilidad. De esta manera, finalmente se admite que esos fondos eran destinados a prebendas escandalosas e injustificables, como 36 mil 882 pesos mensuales otorgados a un joven de 18 años por el fideicomiso Pensiones complementarias para servidores públicos de mando superior de la Suprema Corte, por citar un botón de muestra.

Resulta evidente que esta saludable rectificación en la postura del Poder Judicial se produjo gracias a que el Ejecutivo realizó una propuesta tan inobjetable que rechazarla habría desvanecido los últimos restos de credibilidad de una institución de la que ya desconfía una amplia mayoría de los ciudadanos. Cabe esperar ahora que la aceptación al diálogo por parte de la ministra Piña no sea una mera maniobra distractora con el propósito de ganar tiempo para la impresentable defensa de privilegios indebidos y que resulte, en cambio, un primer paso hacia una renuncia a los muchos que aún mantienen jueces, ministros y magistrados.