Santiago. El desenlace ya estaba escrito y no hubo sorpresas: el Consejo Constitucional chileno, dominado sin contrapeso por las derechas, aprobó por 33 votos a favor y 17 en contra un proyecto de Constitución ultraconservador que no sólo reafirma la institucionalidad neoliberal vigente, sino que la arraiga aún más al dificultar las posibilidades de reformarla.

Desde mayo de 2023, cuando fueron electos los 50 consejeros a cargo de elaborar el texto –22 republicanos, 11 de la derecha tradicional y 17 de la centroizquierda–, la mayoría conservadora impuso normas a su antojo, generalmente iniciativas de los republicanos, que modificaron sustancialmente el anteproyecto consensuado por una comisión experta, y sistemáticamente rechazaron las propuestas del progresismo.

Las encuestas prevén que el texto fracasará en diciembre. Una divulgada ayer indica que la intención de voto es 51 por ciento en contra y 34 a favor, pero con un alza de 13 puntos en una semana.

Así, nada está resuelto. La derecha ha adelantado su campaña bajo el lema la Constitución de las libertades y machaca en cuestiones sumamente sensibles para la población: dureza contra la delincuencia, expulsión inmediata de los migrantes indocumentados, el carácter privado e inexpropiable de los ahorros para el retiro, lo que hace casi imposible un sistema de solidaridad intergeneracional, e incluso aboga por suprimir el impuesto territorial que paga el uno por ciento más rico, destinado a financiar a los municipios precarios.

También asienta un fundamentalismo religioso por la vía de constitucionalizar el derecho a la vida del que está por nacer, lo que hace temblar la ley de aborto por tres causales (violación, inviabilidad del feto y riesgo de muerte para la madre), ahora vigente, o la objeción de conciencia que eventualmente podrían argüir los organismos y profesionales de la salud.

Las derechas chilenas, dotadas de una mayoría circunstancial, no pudieron entender que una buena Constitución es aquella que permite la expresión de la diversidad. Optaron por imponer un texto excluyente, dogmático, retrógrado y polarizante que representa un riesgo de inestabilidad política y social, por dejar sin espacio a otras ideas democráticas y que favorece solamente a los empresarios y a los poderosos, a los privilegiados de siempre. No estamos dispuestos a aprobar la privación de derechos conquistados, como la interrupción del embarazo por tres causales, argumentó el delegado socialista Alejandro Köhler.

Mientras, el republicano Luis Silva, un numerario del Opus Dei que ha hecho votos de obediencia y castidad y quien reconoce: No puedo separar las cuestiones culturales, de valores o sociales de mi dimensión religiosa, dijo ayer que en diciembre los electores vamos a enfrentar dos opciones; una, a favor de la seguridad; otra, en contra. Al votar a favor tengo la seguridad de que se cierra un proceso y las reglas con que se gobernará Chile; al votar en contra se abre un camino de pura incertidumbre.