Chilpancingo, Gro., Los indígenas de la región de La Montaña son susceptibles a ser criminalizados debido a que se rigen por usos y costumbres, pero además porque cuando enfrentan un proceso judicial no hay suficientes peritos intérpretes disponibles, lo que provoca que las audiencias se difieran en varias ocasiones.

Es un grave problema porque se les juzga con una perspectiva occidental, sin tomar en cuenta el derecho colectivo de los pueblos y que (ellos) tienen otra matriz cultural que deberían conocer los jueces, expuso un abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En entrevista, explicó que la situación es aún más complicada porque en los tribunales no se cuenta con los traductores necesarios; habrá uno de cada lengua que tienen que cubrir varias audiencias; aquí en la Montaña hay tres defensores de oficio que deben atender muchas diligencias, y si no se presenta el perito intérprete, entonces éstas se aplazan.

En cuanto al nuevo sistema de justicia penal, afirmó el defensor: No existe posibilidad de que funcione para la gente pobre, la que es de otra cultura o vive en comunidades, pues hay muchos rezagos del sistema anterior.

Agregó que no están resueltos los requerimientos de personal, equipamiento e infraestructura y se le carga el peso de los tiempos y los gastos a la gente; todo se hace a última hora sólo para cubrir las audiencias y solamente llegan a firmar los defensores.

El abogado de Tlachinollan consideró que todavía es opaco el Poder Judicial en las regiones indígenas. Está alejado de las víctimas, desconectado del contexto que se presenta para juzgar a personas que cometen delitos graves, sobre todo los que están vinculados al crimen organizado.

A esto se suma el tema de la prisión preventiva, pues hay varios delitos que no la requieren, pero sí hay jueces que la imponen y eso atenta contra los derechos de las personas, porque se les criminaliza.

De acuerdo con el defensor, aún pesan “los intereses políticos facciosos y el tema de la justicia mercantilista sigue siendo un problema, porque hay mucha corrupción y todo eso hace que la población indígena quede inerme ante un sistema que ahora pretende ser más accesible.

La gente no ve un cambio sustantivo, sobre todo en los juicios orales, porque la población indígena sigue pagando muy caro el rezago de sus casos y las vueltas que les hacen dar, la falta de intérpretes y demás personal, o el hecho de que los juzgados estén alejados de las comunidades e incluso que se les criminalice por tener otras prácticas jurídicas, recalcó.

Choque con sistemas de justicia comunitarios

El también activista mencionó el caso de una niña que fue violada en la comunidad indígena nahua de Tlaquilzingo, municipio de Tlapa de Comonfort. La mamá dio parte a las autoridades locales, que se organizaron con la policía del pueblo para detener al presunto responsable y llevarlo a la comisaría.

El problema fue que al sujeto no lo pusieron a disposición del Ministerio Público y lo mantuvieron cuatro días ahí; después hicieron las diligencias correspondientes y fue arrestado formalmente.

Sin embargo, los abogados del hombre abrieron proceso en contra de la mamá de la menor agredida y de las autoridades indígenas que lo aprehendieron, con el argumento de que lo habían privado de la libertad.

El Centro Tlachinollan llevó la defensa y argumentamos que el pueblo, de acuerdo con la Ley 701, puede organizarse y procurar justicia, y por eso actuaron de esa manera. Afortunadamente, después de dos años, las autoridades y la madre fueron liberados. El hecho ocurrió entre 2019 y 2021, relató el defensor.