Aunque un aspirante haya cometido actos anticipados de precampaña, no perdería, de facto, la posibilidad del registro de la candidatura, aseguró Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

No, no es en automático, hay que analizar cada caso. La ley prevé desde una amonestación pública; entonces, depende del caso. En derecho hay un principio de proporcionalidad; la sanción tiene que ser proporcional a la falta, explicó en entrevista.

La ley prohíbe pedir el voto, posicionarse como candidato frente a la ciudadanía o presentar propuestas antes de tiempo. Las precampañas federales comienzan el 20 de noviembre y concluyen el 18 de enero.

De enero de 2022 a la primera semana de octubre de 2023, la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido poco más de mil 600 quejas, y tras su revisión y en muchos casos acumulación abrió 897 expedientes por actos anticipados de precampaña y campaña.

Por otra parte, consejeros, académicos y otros especialistas en la materia han señalado que tanto el INE como el TEPJF están rebasados por acciones de facto de los actores políticos.

En la sala superior, la única disidente fue Janine Otálora, quien advirtió que los procesos internos partidistas son un fraude a la ley, porque a partir de distintos esquemas en realidad eligieron a su candidata a la Presidencia.

El magistrado presidente avaló, junto con cinco de sus compañeros, la legalidad de la citada estrategia de los partidos: Morena y sus aliados eligieron a Claudia Sheinbaum como coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, y la oposición (PAN, PRI y PRD) a Xóchitl Gálvez como responsable del Frente Amplio por México. Sin embargo, como se dijo, desde el año pasado se empezó a generar el cruce de acusaciones por actos anticipados de campaña.

Rodríguez Mondragón reiteró que en el TEPJF se optó responsablemente por fijar reglas y se ordenó al INE emitir lineamientos y fiscalizar el gasto de partidos y aspirantes.

No estamos detrás de nadie; como árbitro no estamos detrás de los jugadores, sino del balón, que en este caso son los derechos en juego. Y tenemos la facultad para arbitrar, si hay faltas, pero siempre lo hacemos a petición de alguien, a partir de un juicio. Es decir, añadió, no estamos atrás de nadie, nos toca resolver juicios.

Rechazó asimismo las versiones relacionadas con debilidad institucional de las autoridades electorales. Adujo que en los comicios de 2012 (cuando también hubo presidencial), el TEPJF abrió 26 mil expedientes, y en 2018 más de 18 mil, por lo que hay controversias por prácticamente todo. Son procesos muy litigiosos, y el tribunal atiende cada una de ellos para garantizar equidad y competencia efectiva. La prueba es que la alternancia es de más de 60 por ciento.

Agregó que las contiendas en nuestro país suelen tener un nivel real de polarización, lo cual es parte de la democracia... y (los magistrados) resuelven con base en el derecho, las pruebas y la ley, y no porque un caso se amplifique en la opinión pública.

Sala superior incompleta

En tanto, el 31 de octubre concluyen su gestión los magistrados Indalfer Infante y José Luis Vargas, por lo que de la sala superior iniciará noviembre sólo con cinco de sus siete integrantes.

La Constitución permite al TEPJF sesionar con cuatro magistraturas (quorum) y si asisten todos, hay modo de sacar los asuntos por mayoría, sin la necesidad del voto de calidad del presidente.

En el caso extremo de que el Senado no apruebe las ternas que le envíe la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la norma indica que para los juicios relacionados con la validez de la elección presidencial y el día que ésta sea calificada (en septiembre próximo) debe haber seis magistrados, por lo que en una situación extraordinaria se tomaría al magistrado decano de las salas regionales para esta fundamental decisión.