Además de los 6 mil 609 millones de pesos que recibirán –en conjunto– como financiamiento público, los siete partidos políticos nacionales podrán sumar para su causa dinero de otras fuentes privadas, incluido de sus candidatos.

En 2024 los partidos podrán captar 175 millones de pesos cada uno, pues las aportaciones de militantes serán de 132.1 millones, y las de candidatos y simpatizantes hasta 42.9 millones.

Cada una de las donaciones, voluntarias y personales de los simpatizantes, no podrá rebasar los 2.1 millones (en dinero y en especie).

Las donadoras deberán ser personas físicas residentes en México.

Los partidos podrán agrandar también sus cuentas por la vía del autofinanciamiento y por las operaciones derivadas de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

La suma del financiamiento privado, en todas sus modalidades, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público para sostener sus actividades ordinarias permanentes y específicas.

Así lo establece el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobado ayer durante la sesión en la que consejeros pidieron a los partidos evitar recibir dinero ilícito.

La consejera Norma de la Cruz dijo que los partidos deben evitar la entrada de aportaciones o donaciones de dinero o en especie ilegales, por ejemplo, procedentes de recursos públicos o de entes extranjeras, y transparentar cada operación.

A nadie conviene que dinero ilícito entre a las campañas electorales, pues la licitud de los recursos privados garantiza que el compromiso sea con la ciudadanía, señaló.

En otro tema, también fue aprobado en la sesión de consejo general el aumento de 40 a 50 por ciento del financiamiento y los tiempos del Estado en radio y televisión para que los partidos –tanto nacionales y, en su caso, locales– atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.

La resolución significa que no podrá otorgarse a las mujeres una cantidad menor de 50 por ciento del financiamiento público con el que cuente cada partido o coalición para actividades de campaña. El mismo porcentaje se aplicará para el acceso a los tiempos en radio y televisión en periodo electoral.

Igualmente, el objetivo es evitar las prácticas discriminatorias que generan desventajas a las candidatas, al darles menos tiempo de exposición en medios.

Derivado de este cambio, en las elecciones de ayuntamientos o alcaldías y diputaciones locales o federales, en candidaturas con topes de gastos iguales, el financiamiento público destinado a las aspirantes no podrá ser menor a 50 por ciento de los recursos totales ejercidos en las candidaturas equiparables.

Esta paridad aplica para los promocionales de candidatos a un cargo legislativo, ya sea local o federal.

Por otro lado, Morena y PRD se enfrentaron por la difusión de encuestas; la oposición pidió revisar las metodologías al señalar que son utilizadas como propaganda.