Zacatecas, Zac., Con el argumento de que tenía motivos personales que atender, Francisco Murillo Ruiseco renunció a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Zacatecas, con efectos a partir del 31 de octubre.

Murillo, quien laboró con los tres últimos gobernadores zacatecanos (Miguel Alejandro Alonso Reyes, Alejandro Tello Cristerna, ambos del Partido Revolucionario Institucional, y David Monreal, de Morena), envió su dimisión al Congreso estatal.

En agosto, por tres semanas consecutivas enfrentó una protesta de policías ministeriales, agentes del Ministerio Público y trabajadores administrativos (unos mil 200 de los mil 600 empleados de la fiscalía).

Durante las manifestaciones destacó la denuncia de 10 fiscales especializados en desaparición de personas, quienes revelaron que cada uno de ellos es responsable de entre 300 y 500 carpetas de investigación, pero no disponen de recursos suficientes para trabajar y tienen pocos agentes ministeriales.

Las manifestaciones terminaron cuando intervino el gobernador David Monreal en respaldo de Murillo Ruiseco, luego de pedir al secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, que negociara con los inconformes, quienes tomaron 15 de las 17 casas de justicia distritales, las instalaciones del Servicio Médico Forense en Guadalupe y Fresnillo, así como el edificio de la fiscalía en la capital del estado.

En mayo pasado, el fiscal solicitó al Congreso local el desafuero del alcalde morenista de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, por los cargos de homicidio calificado y robo agravado en agravio del empresario y abogado Raúl Calderón.

Los legisladores aprobaron el desafuero; sin embargo, el acusado nunca fue detenido. El diputado morenista Ernesto González Romo exigió ante el pleno citar al titular de la FGE para que explicara la no ejecución de la orden de aprehensión.

Durante su encargo, la fiscalía estatal no concluyó ni judicializó cinco carpetas de investigación que entre 2017 y 2018 se iniciaron en contra del priísta Miguel Alonso Reyes, gobernador de 2010 a 2016, a quien legisladores de Morena y del Partido del Trabajo acusan de enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y cohecho.

Tres de esas denuncias las presentaron ante la FGE y dos, en la Fiscalía General de la República (FGR). En 2018, determinaron concentrar las cinco querellas en la fiscalía estatal, a pesar del reclamo de los legisladores federales y locales, para que la FGR ejerciera su facultad de atracción de las tres denuncias en la fiscalía local, las cuales nunca se investigaron.