os inmigrantes venezolanos lograron lo que no había podido la alta diplomacia entre Estados Unidos y Venezuela: dar un primer paso para descongelar las relaciones entre ambos países; reducir las sanciones contra la industria petrolera y establecer un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Dicho convenio incluyó estipulaciones para las primarias de la oposición y para el proceso electoral presidencial de 2024, cuando podrán estar presentes observadores internacionales auspiciados por la Unión Europea.

Resulta paradójico que uno de los grandes ausentes en dicha negociación fueron quienes, en definitiva, agudizaron las condiciones del debate, forzando a los distintos actores a encontrar salidas políticas: se trata de los inmigrantes venezolanos, que alcanzan ya 20 por ciento de la población nacional.

No cabe duda que para los participantes en estas negociaciones, tanto el gobierno como la oposición y Estados Unidos, la calamitosa situación de los inmigrantes venezolanos, con su alto costo humano y sus efectos políticos dentro de cada contexto particular, impulsaron la mediación y el acuerdo. Los millones de personas que, sacrificándolo todo, abandonaron su país, cruzando el tapón del Darién para luego transitar por toda Centroamérica y México, hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, son un factor determinante en estas negociaciones y, por tal motivo, su situación e intereses deberían ser considerados explícitamente. Aún más: su voz debería tener un lugar en la mesa de discusión.

En estos momentos, todas las acciones del gobierno de Joe Biden son con vistas a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. La frontera es un tema álgido y riesgoso dentro del juego electoral. En los últimos meses, miles de inmigrantes venezolanos han arribado a Ciudad Juárez y Piedras Negras, saturando los refugios de las ciudades fronterizas, tanto del lado mexicano como del estadunidense. Los gobernadores republicanos de Texas y Florida continúan utilizando a los inmigrantes como una excusa para generar pánico entre los electores estadunidenses, transformando a todo un contingente humano en comodines políticos. Así organizan espectaculares deportaciones de inmigrantes desde sus estados, hacia territorios demócratas como Nueva York y Los Ángeles. Con ello pretenden ganar rédito político (mano dura contra los ilegales..., gobierno firme para los estadunidenses...), mientras no hacen más que agudizar cruelmente la crisis migratoria. Los republicanos ya han indicado que la inmigración y el tema de seguridad fronteriza serán centrales en su campaña. Anticipando las elecciones presidenciales, Biden actúa para evitar que se repita la imagen de miles de inmigrantes venezolanos cruzando la frontera entre México y Estados Unidos, sólo unos meses antes de la elección. Esto, más que cualquier otro factor, ha impulsado el cambio en la política exterior del mandatario hacia Venezuela.

Por este motivo, varios días antes de la reunión en Barbados del 17 de octubre de 2023, cuando el gobierno de Maduro y la oposición firmaron el nuevo acuerdo, el director del departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, determinó que era seguro regresar a los venezolanos que habían llegado a Estados Unidos después del 31 de julio y no tenían una base legal para permanecer en dicho país. La sutil distinción que se establece aquí en torno a una fecha precisa juega con una normativa legal que había facilitado el movimiento de inmigrantes: el Estado Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Con esta interpretación se divide artificialmente a los venezolanos inmigrantes que tendrían o no acceso a la protección legal del TPS.

Mientras Mayorkas hacía estas declaraciones en la Ciudad de México, en Washington el gobierno de Biden también autorizaba la extensión de un importante segmento de la muralla entre México y Estados Unidos iniciada por el ex presidente Donald Trump. Durante su campaña presidencial, Biden había prometido que no construiría ni un solo pie de la polémica barrera iniciada por su predecesor. Sin embargo, el teatro político exige una nueva estrategia y cabe anticiparse al adversario: en una campaña presidencial en la que podría enfrentarse a Trump como candidato del Partido Republicano, Biden opta por mano dura. El flujo migratorio venezolano incide así en el debate electoral estadunidense y, viceversa, los intereses electorales estadunidenses inciden en la disposición de Washington para facilitar soluciones a la crisis venezolana.

Las nuevas declaraciones de Mayorkas sobre la deportación de venezolanos parecen contradecir la postura que había sustentado las sanciones contra Venezuela, cuando se argumentaba que el país enfrentaba una crisis humanitaria y el gobierno violaba continuamente los derechos humanos de sus ciudadanos. Tal fue el argumento utilizado por los presidentes Obama, Trump y Biden al imponer y luego ampliar las sanciones contra el país.

Dichas sanciones no son el único factor que ha agudizado la crisis venezolana. Los profundos desarreglos en el interior de la nación, los antagonismos y abusos de poder no pueden ser desestimados. Sin embargo, dificultar la comercialización del petróleo, su principal producto de exportación, o limitar el acceso a líneas de crédito o a sus reservas en bancos extranjeros, son medidas unilaterales que impusieron duros obstáculos para el desarrollo de la economía venezolana, lo cual ha fomentado la inmigración de millones de personas.

La facilidad con la que el actual gobierno estadunidense determina que es seguro regresar venezolanos a su país pone en evidencia que el tema migratorio es una pieza más de la política interior de la nación norteamericana. Las crisis humanitarias se ponderan con base en los intereses internos de las naciones más poderosas.

* @mtinkersalas; profesor emérito, Estudios Latinoamericanos, Pomona College.

** http://www.luisdunogottberg.com/ Departamento de Literatura y Cultura Clásica y Moderna, Universidad de Rice.