El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha impuesto tres medidas cautelares en contra de Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa con licencia, y aspirante a coordinar los comités locales en defensa de la Cuarta Transformación, por el despliegue de propaganda en avenidas y calles, así como las pintas en bardas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), lo que está prohibido por la ley al tratarse de un inmueble público.

Las medidas cautelares constan en el blanqueado de muros y dos llamados a que ajuste sus conductas de sus aspiraciones políticas a los límites y parámetros constitucionales, y a conducirse con legalidad y equidad.

Ambas fueron dictadas por la Comisión de Quejas en tres expedientes diferentes, los cuales fueron abiertos a partir de denuncias hechas por el propio Sacmex, la oposición y particulares. Incluso, una de ellas ya fue impugnada ante tribunales por la propia aspirante por considerar que no está debidamente fundada ni motivada.

Por medio de sus redes sociales, la alcaldesa con licencia sostuvo que millones de mexicanos respaldan a Claudia Sheinbaum, luego de que algunos de sus seguidores publicaran en la red social X que el vacío en el Estadio Azul el martes pasado representa la molestia de la militancia en la capital por la supuesta imposición de un candidato que no nos representa.

En tanto, Omar García Harfuch publicó un video en el que aseguró que una ciudad más segura atrae más inversiones, crea más empleos y es más igualitaria, al exponer por qué es tan importante consolidar la estrategia de seguridad.

Agregó que si además se refuerza la educación pública el resultado será la generación mejor formada y con más oportunidades en la historia.

Higinio Chávez busca puesto

Por otra parte, el ex delegado de Tlalpan por el PRD, Higinio Chávez, busca ahora con Morena algún cargo de elección, según propaganda en servicios de mensajería por aplicación, pero enfrenta un juicio con sentencia de un juez del Tribunal Agrario, que que lo obliga a pagar 800 mil pesos por un predio que vendió a un subsalterno en suelo de conservación en el Ajusco, quien solicitó dar vista al Ministerio Público Federal y el arresto del ex funcionario como medidas de apremio al negarse a cumplir la resolución.