Guatemala. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala confirmó ayer que la fiscal general, Consuelo Porras, sólo puede ser destituida cuando enfrente una condena con sentencia en firme y por decisión del presidente, ante las protestas que exigen su renuncia por la arremetida judicial que ha llevado contra el proceso electoral.

La Corte decidió, en una resolución, mantener el blindaje que le otorga la ley a la fiscal general, ya que sólo puede ser destituida por el presidente del país cuando exista una causa debidamente justificada. La misma ley precisa que hay una razón motivada cuando la máxima autoridad de la fiscalía haya cometido un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada.

Los representantes de los Pueblos Ancestrales presentaron una acción de inconstitucionalidad contra esa precisión que hace la ley del Ministerio Público para que fuera modificada y se retirara la mención a la condena, de forma que la titular de la fiscalía pudiera ser destituida por causa justificada, aunque no delimitaron el término.

La petición de los líderes comunitarios, que encabezan las protestas y bloqueos en el país desde hace 18 días, pretendía abrir una posibilidad para que el presidente cumpla con la principal demanda de los manifestantes: que la fiscal general, Consuelo Porras, salga de su cargo.

El mandatario saliente, Alejandro Giammattei, ya había indicado a los representantes indígenas que no estaba en su mano la destitución de Porras.

Los manifestantes acusan a la fiscal general de judicializar indebidamente el proceso electoral en el que salió como presidente electo Bernardo Arévalo, y de socavar la democracia con sus actuaciones contra los magistrados electorales, contra los ciudadanos que participaron en el proceso de conteo y registro de votos y contra el partido de Arévalo, el Movimiento Semilla.

Además de la renuncia de Porras, los manifestantes piden la del fiscal Rafael Curruchiche, que lidera la investigación contra Semilla, y del juez Fredy Orellana, que está a cargo del proceso judicial.

Un día antes del pronunciamiento sobre la fiscal, la Corte de Constitucionalidad emitió un comunicado en el que ordenaba desalojar a los manifestantes apostados frente al Ministerio Público. Sin embargo después de un diálogo, entre los líderes, el ministerio de Gobernación y la Procuraduría de Derechos Humanos se acordó que solamente se despejarían los puntos de acceso y salida al edificio.

La agencia Reuters, que citó a cinco fuentes, indicó que Porras ha elaborado una compleja estrategia para debilitar el mandato de Arévalo e incluso impedir que tome posesión. La jefa del Ministerio Público pretende inyectar confusión desacreditando el voto y suspendiendo a Semilla, dijeron las fuentes.

La batería de Porras en este sentido se dirige al Tribunal Supremo Electoral, así como el sistema de captura de datos de votación y firmas de votantes falsas registradas a nombre de Semilla.