a fuerza del movimiento social en defensa de los Libros de Texto Gratuitos (LTG) terminó por derrotar el engrudo hecho bolas de la coalición de derecha en Chihuahua. El 17 y 18 sus promotores se desistieron de los amparos contra la distribución de los libros, obligados por la presión masiva sobre la gobernadora y sus aliados por la entidad.

Aun después de que la Corte desechó la controversia constitucional contra los libros presentada desde agosto por la gobernadora Campos, y se repartió 52 por ciento de los libros, la distribución tuvo que detenerse porque la justicia federal otorgó la suspensión a las demandas de amparo promovidas, una por el abogado Gabriel Vidaña y otra por la organización Asociación Estatal de Padres de Familia.

Esto atizó la indignación del amplio sujeto colectivo del movimiento en defensa de los LTG, la Nueva Escuela Mexicana y la Educación Pública. De inmediato empezaron a plantearse movilizaciones, incluida la toma del palacio de gobierno, que hicieron que las secciones 8 y 42 del SNTE, hasta ese momento titubeantes, decidieran organizar un paro en las escuelas de educación básica de la entidad desde el día 13 hasta que se reanudara la entrega de los textos.

El paro rebasó a los organizadores. En lugares como Gómez Farías y Ciudad Madera –siempre Madera–, padres de familia se sumaron a la suspensión de labores. El lunes 16, 98 por ciento de las escuelas de la entidad entraron en paro, así como las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, la Escuela Normal Rural de Saucillo, la de Nuevo Casas Grandes y los Centros de Actualización del Magisterio. Lejos de debilitarse, el movimiento se fortalecía y extendía.

Los funcionarios estatales de educación hicieron un último y fallido intento por amedrentar a los docentes que se sumaran al paro. Sitiada, Campos ya había empezado a cambiar su postura y a llamar a la prudencia luego de haber tildado los textos de basura y declaraba que lo único que obstaculizaba la distribución de los libros eran las suspensiones dictadas por el judicial federal al abogado y a la asociación de padres. Sin embargo, era claro cómo éste y éstas habían actuado, o por órdenes o de acuerdo con ella, dado que los recursos legales fueron interpuestos prácticamente al mismo tiempo que la controversia constitucional del gobierno del estado.

La presión de los docentes, jefes de sector, supervisores, padres de familia, del sindicato, de la bancada de Morena y ciudadanía en general rindió sus frutos: primero se desistió de su demanda de amparo el abogado, luego la Asociación Estatal de Padres de Familia. Con ello, el movimiento social hizo saltar los últimos obstáculos para que los niños tuvieran sus libros, secuestrados por siete semanas. El movimiento triunfó en su reivindicación básica que fue la entrega de los LTG; su acción fue ampliamente legitimada por la sociedad chihuahuense: mostró el inédito viable, como señala Paulo Freire: vencer desde los intereses de las clases populares la hegemonía de los sectores dominantes en Chihuahua, al menos en el ámbito educativo e ideológico.

La derecha chihuahuense fue derrotada en sus vertientes: el gobierno del estado, que tuvo que tragarse sus ataques y se vio exhibido en su fallida estrategia y en la falta de cohesión de su funcionariado; que ha tenido que esconder vergonzantemente la falta de calidad y de transparencia en la impresión de los cuadernillos con que pretendía suplantar a los LTG. Los grupos empresariales, que brillaron por sus discursos contra los textos y por su ausencia a la hora de movilizar efectivamente a sus supuestas bases de apoyo. Los medios de comunicación a sueldo que intentaron ejecutar sumariamente a los LTG, al gobierno federal y a quienes defienden la educación pública, tuvieron que callar, como los mariachis de José Alfredo.

Se mostraron también las grandes limitaciones de los juzgadores del Poder Judicial federal. Su falta de visión social y de criterios jurídicos basados en el espíritu de la Constitución se dejaron ver al otorgar a personas y grupos muy reducidos la suspensión de un acto que beneficia a cientos de miles de niños de educación básica de Chihuahua. El principio de relatividad en los amparos simplemente les pasó de noche y subordinaron la demanda de unos cuantos a los derechos de las mayorías.

El significado del movimiento de un amplio abanico de sectores sociales en Chihuahua va mucho más allá de una escaramuza política de carácter local. Constituye una muy importante victoria de un proyecto de educación y de país realmente progresista, popular, de autonomía magisterial y participación comunitaria sobre el proyecto agonizante, adultocéntrico, de los sectores más retardatarios que buscan seguir controlando la educación y los aparatos ideológicos para reproducir su modo de dominación, con el apoyo de uno de los gobiernos estatales más conservadores del país. Eso es de celebrarse.

En solidaridad con los niños de Gaza