Guatemala. Transcurridas las seis horas que impuso ayer la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para desalojar la protesta de cientos de indígenas frente a la sede del Ministerio Público en esta capital, los manifestantes se mantuvieron en la concentración y sólo despejaron los puntos de acceso al edificio.

Representantes comunitarios se reunieron con interlocutores del Ministerio de Gobernación, encargado de las decisiones sobre el uso de la fuerza pública y responsable de mantener el orden en el país, en una mesa de diálogo con la intermediación de la Procuraduría de Derechos Humanos.

De esa reunión, las partes acordaron que sólo se despejarían los accesos al edificio de ese ministerio, tras interpretar que la orden de la corte de desalojar la protesta perseguía como fin que el acceso a la justicia no se vea interrumpido por las movilizaciones que desde hace 17 días reclaman la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.

No es un desalojo; se está solicitando la liberación de accesos a entes de justicia, matizó el tercer viceministro de Gobernación, Héctor Alarcón, con el objetivo de que los trabajadores puedan acceder sin sentirse intimidados.

Agentes de la policía nacional y el procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdova, recorrieron por la tarde, minutos antes de que venciera el plazo de seis horas, esos puntos de acceso para comprobar que quedaran despejados. El funcionario reiteró su compromiso de velar por el cumplimiento de los acuerdos pactados.

Privilegiar el diálogo

Buscamos privilegiar el diálogo y llevar a cumplimiento lo que se nos ha ordenado, declaró Luis Pacheco, presidente de los 48 cantones de Totonicapán, durante el recorrido. Alarcón puntualizó que movilizará un contingente de la Policía Nacional Civil para mantener libres los accesos al edificio.

La Corte de Constitucionalidad dispuso en un comunicado restituir el orden público.

También ordenó al director de la policía nacional la aprehensión de los implicados en la comisión de delitos flagrantes y advirtió al nuevo ministro de Gobernación, Byron René Bor, que de no obedecer la orden de desalojo podrá ser destituido de su cargo.

El funcionario fue nombrado un día antes por el presidente saliente, Alejandro Giammattei, ante la renuncia de Napoleón Barrientos, quien cuestionó la actuación de la fuerza pública en las marchas.