Las 130 denuncias de hechos por presuntos actos de corrupción relacionados con el llamado cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez están relacionadas con irregularidades –desde la alteración de documentos hasta la imposibilidad de transmisión legal de la propiedad– informó el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales Néstor Vargas Solano.

De acuerdo con el funcionario, las demandas fueron presentadas entre agosto de 2022 y julio de 2023 contra constructoras y funcionarios de la demarcación que gobierna el panista Santiago Taboada.

Entre los hechos más denunciados están violaciones al uso de suelo, niveles de construcción excedentes, alteración de documentos contra la fe pública, falta de régimen de propiedad en condominio, falta de servicios e imposibilidad de transmisión de la propiedad.

En su comparecencia ante legisladores, el consejero jurídico explicó que se han hecho diversas acciones como custodia de folios, regularizar a los adquirentes de buena fe, revisión de seguridad estructural y regularización de zonificación; no obstante, en posterior declaración señaló que las personas afectadas no se han dejado ayudar.

En medio de las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Justicia y la Contraloría General por la corrupción en el sector inmobiliario, Taboada solicitó al Congreso local una licencia por 41 días para separarse de su cargo a partir del próximo sábado. El panista busca ser el candidato de la alianza opositora, integrada por el PRI, el PAN y el PRD a la jefatura de Gobierno en 2024.

Sobre las labores de combate a la corrupción que se realizan en el Registro Público de la Propiedad, la dependencia informó que se han interpuesto 24 denuncias penales ante la FGJ relacionadas con falsificación y uso de documentos (escrituras públicas, oficios y documentos privados).

Asimismo, hay cuatro quejas administrativas ante el órgano interno de control por el ejercicio ilegal del servicio público, de las cuales dos ya han sido judicializadas, en una se obtuvo ya la sentencia condenatoria de prisión por cinco años y la destitución del cargo del servidor público.