El gobierno federal consideró arbitraria la decisión del juez Gerardo Genaro Alarcón López al negar la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, quien hace unos meses fue declarado culpable por nexos con el crimen organizado en una corte federal de Estados Unidos.

Al presentar el caso de este juzgador en la sección Cero impunidad de la mañanera, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, indicó que al negar la orden de captura, Alarcón López argumentó que para perseguir el delito señalado no basta con que exista desproporción entre lo que percibió el imputado y su haber patrimonial, sino que el incremento debe derivarse de actividades ilícitas relacionadas con el ejercicio de la función pública, no de otras fuentes.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó: “que no se puede demostrar que la riqueza de García Luna se hizo mientras fue funcionario público. Como dicen los mismos abogados, ‘aceptando sin conceder’ que no la obtuvo cuando fue funcionario público, sino después, qué, ¿no hubo tráfico de influencias? ¿No se valió para hacer sus negocios de las relaciones que tenía en el gobierno de Enrique Peña Nieto? Pero fíjense qué precisos los jueces”.

Rodríguez Bucio destacó que la determinación del juzgador fue confirmada por los magistrados del primer tribunal colegiado de apelación en materia penal de primer circuito, favoreciendo así a García Luna.

Afirmó que el argumento de Alarcón López se considera arbitrario al imponer una carga procesal al Ministerio Público distinta a lo que establece el artículo 224 del Código Penal Federal, el cual señala que se sancionará por enriquecimiento ilícito “cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la procedencia de los bienes a su nombre, o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño…”. Dijo que la FGR presentó dictámenes periciales y declaraciones patrimoniales tanto de García Luna como de su familia.