En la primera revisión pública de la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, el sector patronal advirtió que el cambio incrementaría tanto los costos a las empresas como los precios al público. Por su parte, legisladores de Morena y especialistas resaltaron que durante años se ha justificado mantener el horario en aras de la productividad, pero se dejó de lado el salario bien remunerado y la salud del trabajador y de sus familias.

En este sentido, Lorenzo Roel, presidente de la comisión laboral del Consejo Coordinador Empresarial y vocero patronal ante el consejo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pidió a los diputados no politizar y no utilizar con fines electorales la propuesta de reforma.

Expuso además que la aplicación de reducción de la reforma requerirá que se cubran 105 millones de horas semanales, lo que implicaría contratar 2.5 millones más de personas, pero esto es prácticamente imposible, además que el costo por concepto de tiempo extra y días de descanso laborado, tendría un impacto anual aproximado de 360 mil millones de pesos.

En contraste, el magistrado en materia de trabajo Héctor Mercado López resaltó que durante cuatro décadas se han depauperado las condiciones laborales de los trabajadores con el pretexto de hacer competitivo a México.

Refirió que desde 1906 el Partido Liberal Mexicano reivindicaba la jornada laboral de ocho horas y aquí seguimos, ¡por favor! Asimismo, dijo que la reforma debe aprobarse ya, dando un plazo máximo de un año para la capacitación de los trabajadores.

La tecnología está comiéndose el trabajo, sostuvo, agregando que si no se capacitan a los trabajadores disminuyendo la jornada para crear más plazas, la crisis social será más profunda.

Santiago Irusteta, abogado laboral de Bachoco, de plano desdeñó el foro y pidió una verdadera mesa de diálogo para tomar decisiones con datos más duros y sostuvo que, de aplicarse la reforma de un día para otro, las empresas difícilmente podrán adoptar cambios de una manera tan radical. Sobre todo un impacto que me preocupa es que, derivado del incremento en la nómina, las inversiones planeadas en el país se pudieran a frenar.