Nueva York y Washington., Miles de familias migrantes que fueron separadas a la fuerza por el gobierno de Donald Trump al cruzar la frontera en 2017 y 2018 podrían obtener el derecho de permanecer y trabajar en Estados Unidos y solicitar asilo, como parte de una solución negociada con el gobierno de Joe Biden de una demanda legal colectiva.

La solución negociada con el gobierno federal en la demanda legal colectiva interpuesta a nombre de miles de familias afectadas por la política de Trump de separar a la fuerza a menores de edad –incluidos bebés de seis meses– de sus familias que cruzaron la frontera sin documentos y fueron encarcelados mientras se enviaba a los niños a albergues y hogares por todo el país, beneficiará a los afectados, aunque cientos de niños aún no han sido reunidos con sus familiares cinco años después de haber sido separados.

Entre 500 y mil 500 de los miles de niños arrancados de los brazos de sus familias siguen separados, calcula la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), organización que ha encabezado la lucha legal contra estas medidas, incluida la demanda colectiva. En muchos casos, no se puede ubicar a los niños o a las familias porque las autoridades no registraron con precisión el destino y paradero de éstos. Muchas familias fueron deportadas sin lograr comunicarse con sus hijos separados.

Unos 4 mil menores (no se sabe la cifra exacta) fueron separados bajo esa medida que, cuando salió a la luz, provocó protestas y repudio dentro y fuera de Estados Unidos (aunque varios gobiernos guardaron silencio) y demandas legales que obligaron al gobierno de Trump a suspender esta parte de su política antimigrante.

El acuerdo, si finalmente es aprobado por el juez Dana Sabraw, encargado del caso y quien declaró ilegal la medida de separación de Trump en 2018, permitiría que las familias afectadas residan y trabajen en Estados Unidos mientras esperan la determinación de sus casos de asilo. El acuerdo también otorgará acceso a asesoría legal y servicios de salud médica y mental para las familias beneficiadas, así como asistencia para vivienda. Aquellas familias afectadas que a las que anteriormente les fue negado el asilo podrán solicitarlo de nuevo. Se calcula que el acuerdo beneficiará a unas 3 mil 900 familias.

Este acuerdo facilitará la reunificación de familias separadas y les otorgará servicios críticos para asistir en su recuperación, declaró el procurador general de Estados Unidos, Merrick Garland, al anunciarse el acuerdo.

Lee Gelernt, de ACLU, el principal abogado de este caso y la figura legal más prominente en la lucha contra esta política y sus consecuencias, comentó a los medios: aunque nunca podremos reparar el daño intencionalmente causado a estos pequeños, esto es un inicio esencial. Agregó que el acuerdo no borrará la mancha de esta política aborrecible, pero que por primera vez quienes la padecieron tendrán una oportunidad de permanecer en este país. Resaltó que como parte del acuerdo, al gobierno le estará prohibido emplear estas medidas de separación de familias inmigrantes en el futuro.

Además, con este acuerdo, el Ejecutivo no podrá restablecer la política de cero tolerancia bajo la cual el gobierno de Trump separó a menores de sus padres en la frontera. Este punto dentro del acuerdo tiene un plazo de vigencia de ocho años.

Gelernt y otros, incluido un equipo de trabajo establecido por Biden al llegar a la presidencia, siguen tratando de localizar a padres que fueron deportados por Trump y que aún no han logrado reunirse con sus hijos. El equipo de trabajo de Biden ha logrado reunificar a unas 750 familias desde 2021, reportó CBS News.

A la vez, aún procede una multitud de demandas legales contra el gobierno federal, muchas de las cuales solicitan compensación monetaria por los daños que sufrieron por esta política.