Guadalajara, Jal., Como resultado de una iniciativa del gobernador Enrique Alfaro, aprobada vía fast track en julio pasado, el Poder Judicial de Jalisco pasará de ejercer 2 mil 200 millones de pesos este año, a por lo menos 3 mil 170 millones en 2024; casi mil millones más, que se repartirán entre el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), el Consejo de la Judicatura y el Instituto de Justicia Alternativa de la entidad.

El mandatario emecista afirmó que con el objetivo de fortalecer la separación de poderes propuso modificar la Constitución de Jalisco y dejar fijo un porcentaje de 2 por ciento del Presupuesto de Egresos del estado a favor del Poder Judicial; 1.5 por ciento será destinado a gastos ordinarios y un 0.5 para proyectos especiales.

Critican el dispendio

Sin embargo, los primeros actos ya anunciados a raíz del aumento autorizado, fueron otorgar más prestaciones, como los bonos de gasolina que serán de 5 mil pesos mensuales para el presidente del STJE, Daniel Espinosa Licón, quien tiene un sueldo bruto de 236 mil pesos al mes, apoyo que también se otorgará al resto de togados y otros directivos, sumando unos 300 elegidos.

Espinosa Licón, además de su salario tiene asignadas 16 personas de seguridad privada y dos vehículos blindados, según informaron fuentes internas del Poder Judicial que también critican el dispendio en comidas casi cotidianas en restaurantes de lujo, el pago a varios asesores o a cerca de 10 relatores, cada uno de los cuales gana arriba de 70 mil pesos.

Magistrados ricos y carencias en juzgados

Un análisis del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG) concluyó que mientras se reparten bonos y aumentos salariales en la cúpula judicial, las carencias en los juzgados son numerosas y variadas, en algunos casos incluso falta Internet; en tanto, se anuncia un proyecto de digitalización total que todavía sigue sin ponerse en marcha.

Daniel Espinosa dio a conocer que habrá incrementos en los sueldos de jueces y magistrados, pero éstos no están garantizados para escribientes, actuarios, secretarios o proyectistas, que son los que ganan menos y hacen gran parte del trabajo práctico, hundidos en pilas enormes de expedientes.

En julio pasado, cuando fue autorizado 2 por ciento del presupuesto del estado de Jalisco para el Poder Judicial, diputados federales de Morena rechazaron esta decisión al considerar que se trató de una aprobación rápida y sin discusión parlamentaria.

El señalamiento fue contrario al aval que, sin mayor problema, dieron los legisladores locales de Morena que se han caracterizado, al igual que el PAN, por sumarse a las iniciativas de la mayoría de Movimiento Ciudadano o del gobernador.

Cecilia Márquez Alkadef y Ham-let García Almaguer, ambos diputados federales morenistas, manifestaron que el aumento es opuesto a la política de austeridad que ha implementado el gobierno de la República y va en contra del texto constitucional que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la nación.

En lugar de cerrar la brecha de desigualdad que existe respecto a los escribientes, actuarios, secretarios, proyectistas, que son los que ganan menos, lo que se busca es mejorar el salario de jueces y magistrados, dijo Hamlet García.

Cecilia Márquez expuso que el Poder Judicial del estado y su presidente Espinosa Licón han hecho muy poco, pues Jalisco es una de las entidades con mayores índices de impunidad y de injusticia.

Esta reforma no es para beneficiar al pueblo, sino a una cúpula de violentadores, que roban erarios y, sobre todo, que tienen al estado como uno de los más impunes, injustos y corruptos, agregó.

Los dichos de los legisladores guindas coinciden con el observatorio de la UdeG, que ha solicitado, por transparencia, las comunicaciones que se dan entre magistrados y jueces, en busca de demostrar el contubernio y el tráfico de influencias que existen entre ellos, aunque les han negado el recurso bajo el argumento de que se trata de diálogos personales.

En la administración de Alfaro, el PAN y MC se han repartido los jueces laborales; un descaro a la vista de todos, cada partido tiene jueces designados, así de impúdicos, sostuvo Alfonso Partida Caballero, ex consejero de la Judicatura y miembro del observatorio de la UdeG.

Aseguró que entre el PAN y el PRI se han dividido aproximadamente 30 por ciento de los nombramientos de jueces de esta administración y el resto han quedado para MC, por lo cual ya se está buscando realizar una compulsa para saber a quiénes favorecen los juzgadores en sus decisiones, tomando en cuenta el partido que los puso en el cargo.

Mientras tanto se vive una especie de esclavismo en el Poder Judicial de Jalisco, a los empleados les dicen que no hay dinero para pagar horas extras, hay notificadores con jornadas de hasta 12 horas de trabajo y muchos pasantes dejan de ir a la escuela porque tienen que cumplir ese trabajo, refirió.