Yo personalmente estoy conduciendo la investigación del caso Ayotzinapa, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto, porque, estimó, se han infiltrado grupos conservadores en su administración que están afectando las indagatorias del ataque contra normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Como además no tengo duda de que hay injerencia de estos grupos conservadores, yo personalmente estoy conduciendo la investigación, y nos estamos reuniendo periódicamente todo el gabinete de seguridad para ir a fondo.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario se refirió al caso y de nuevo rechazó las versiones que afirman que el Ejército no ha entregado toda la información requerida.

Por el contrario, subrayó, no hay un caso en el mundo donde se hayan dado avances como la detención de dos generales, efectivos militares, del ex procurador Jesús Murillo y la búsqueda de Tomás Zerón –cerebro de la verdad histórica–, y que pese al conflicto en Israel se seguirá solicitado su extradición.

Consideró que en su momento fue “muy raro que se construyera una verdad histórica, mejor dicho, una mentira; quienes lo hicieron estaban libres y los supuestos defensores de los jóvenes no exigían que se metiera a la cárcel al procurador. Y lo de Zerón así, con ganas de que se hiciera el trámite en Israel… Bueno, ¿por qué se va Zerón a Israel?”

Agregó que cuando se demostró que muchos de los detenidos en el gobierno pasado fueron torturados, obtuvieron su libertad en muy poco tiempo, en sentido contrario a casos actuales en los que personas en reclusión han mostrado que también fueron torturados al ser detenidos hace 15 años, y siguen presos.

El Presidente volvió a arremeter contra el ex fiscal especial para el caso Omar Gómez Trejo –quien recientemente declaró que el gobierno de López Obrador dinamitó la investigación– y contra los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Dijo que el fiscal llegó a esa posición por recomendación de la CIDH, y como las familias lo aceptaron, su administración admitió que estuviera en el cargo.

Sin embargo, “cuando pedimos que se hicieran los trámites para las órdenes de aprehensión del procurador, militares y otros funcionarios de la procuraduría de ese entonces, de alto nivel, se negó y junto con algunos miembros de la comisión de los observadores internacionales (GIEI) sostuvo que no era el procedimiento adecuado, que se necesitaban 90 días para poder actuar. ¡Imagínense, 90 días! Sí fue sorpresivo.

Y cuando se dio la instrucción de iniciar el proceso para conseguir las órdenes de captura hubo renuncias de agentes del Ministerio Público; ahí nos dimos cuenta de que había una confabulación, que el pacto de silencio llegaba hasta las fiscalías especial y General de la República. Él renuncia, ¿y qué hacemos?, proponemos a otro, recordó. También se refirió a la salida de Karla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda, cargo al que, dijo, también llegó por recomendación de la OEA.

De repente da a conocer que hay 126 mil desaparecidos en México y que la mayoría eran del tiempo nuestro. Ahora resulta que nosotros estamos desapareciendo a la gente, cuando somos respetuosos de los derechos humanos e incapaces de ordenar que se reprima al pueblo.

Frente a esa cifra, el mandatario ordenó revisar el registro, acudiendo a cada casa con reporte, lo que ya se hizo en la Ciudad de México, y encontramos a la mitad.

Cuando Quintana se dio cuenta, renunció, y acusó que nosotros estábamos manipulando el registro de desaparecidos. Incluso, aseguró el Presidente, la ex comisionada envió el registro de desaparecidos a ONU, OEA y organizaciones civiles, con la idea de que a lo mejor nosotros íbamos a alterar los resultados.

Consideró que hay gente con convicciones, honesta e íntegra para sustituir a Quintana en el cargo.