La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmó que la desaparición de 13 de sus 14 fideicomisos sí afectaría a sus trabajadores, contrario a lo que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al menos seis están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituye derechos de los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro, sostuvo el máximo tribunal en un comunicado.

Añadió que está obligado legalmente a cubrir las prestaciones que dependen de estos fideicomisos, pues su cumplimiento se establece en las Condiciones Generales de Trabajo de la SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General Conjunto del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del PJF, que regula el plan de apoyos médicos complementarios y de ayuda económica extraordinaria para los servidores públicos, entre otros.

Por ello, argumentó, se trata de derechos adquiridos por los trabajadores, lo que al eliminar los instrumentos con que se financian se causará un daño directo a las finanzas de todo el Poder Judicial de la Federación.

Por ello, los recursos que integran estos fideicomisos son los que se requieren para el aseguramiento de los derechos adquiridos, tanto en el presente como a futuro, con base en análisis actuariales que definen los porcentajes de participación de fideicomisos y de gasto corriente.

Insistió en que el personal operativo del PJF, que representa más de 60 por ciento de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a dichos instrumentos, por lo que subraya que ninguno está dirigido a prestaciones de ministros y magistrados.

El máximo tribunal expone incluso que este recorte pondría en riesgo el cumplimiento de los acuerdos internacionales, concretamente el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Como es el caso del fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal, advierte.

Los recursos de ese fideicomiso se utilizan para financiar, como su nombre indica, la implementación de obligaciones derivadas de reformas constitucionales y legales, como la laboral, además de la suscripción de tratados internacionales, como es el caso del T-MEC, en esa materia, afirmó la Corte.