Mexicali, BC., El Congreso del estado solicitó a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública de la actual administración, informar sobre las sanciones que se aplicaron y el daño patrimonial que Jaime Bonilla Valdez, gobernador de Baja California de 2019 a 2021, dejó en su primer año de gobierno.

Esto, luego de que la Auditoría Superior del Estado detectó irregularidades durante la administración del entonces mandatario morenista, por lo que el Congreso local rechazó la Cuenta Pública 2020, a partir de un dictamen de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público.

Entre las anomalías sobresale el contrato que obliga al gobierno estatal a pagar 37 mil millones de pesos en tres décadas por la construcción de una planta de energía solar que no tiene permisos de la Federación y daría soberanía energética a la entidad, justificó. Hace dos meses, la diputada panista Alejandrina Corral pidió notificar a la asamblea sobre las sanciones a los funcionarios bonillistas.

Exige también conocer datos de la afectación patrimonial

Sin embargo, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública no lo informó, por lo que se aprobó un recordatorio para que la secretaria Rosina del Villar Casas comunique al pleno sobre el resultados de los procedimientos de responsabilidades sancionatorias que realizó, las penalidades que aplicó, la afectación patrimonial y, en caso contrario, la razón de hacer caso omiso de la petición legislativa.

La cuenta pública 2021, del segundo año de gobierno de Bonilla, fue rechazada por irregularidades por más de 900 millones de pesos.

La mayor parte del equipo de trabajo de la Secretaría de la Honestidad de la administración de Bonilla Valdez continua laborando en esta dependencia durante la gestión de la gobernadora morenista, Marina del Pilar Ávila Olmeda, incluido el entonces director de Auditoría e Investigación, Mario Alzate Cruz, quien en la actualidad es director de Administración y Desarrollo Institucional.

En el primer año de gobierno de Ávila Olmeda, este funcionario ocupó el cargo de titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, una de las entidades con mayor número de irregularidades en los dos años de administración de Bonilla Valdez.