La Universidad Columbia, omisa
a Universidad Columbia, en Nueva York, goza de enorme prestigio. Sin embargo, protagonizó un escándalo mundial al conceder, en 1955, un doctorado honoris causa al coronel Carlos Castillo Armas, dictador de Guatemala. Tomó el poder en una sangrienta invasión con apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y la United Fruit Company. Derrocó y mandó al exilio al presidente Jacobo Árbenz, legítimamente elegido.
El gobierno de Estados Unidos y sus medios de propaganda lo acusaban de comunista. No lo era, pero tenía un programa de reformas moderadas. Entre ellas, la agraria, en beneficio de los campesinos (la mayoría indígena) y perjudicial para la empresa bananera.
El dictador persiguió todo lo que oliera a democracia. Encarceló a 10 mil opositores y torturó o asesinó a otros miles. Suprimió la reforma agraria y la alfabetización; disolvía sindicatos y cooperativas agrarias y alentó la quema de millones de libros.
En protesta por ese deshonroso honoris causa, renunció a él Rómulo Gallegos, novelista y ex presidente de Venezuela, quien lo obtuvo en 1948. A Castillo Armas lo asesinó uno de sus guardias en 1957.
El prestigio de esa universidad de nuevo está en el ojo del huracán por acusaciones de mujeres contra el obstreta Robert Hadden, quien laboraba en el hospital Presbiteriano, adscrito a la Columbia. La primera en denunciarlo fue la bailarina profesional Laurie Kanyol, de 38 años, quien, embarazada, acudió en busca de ayuda profesional con el citado médico. Luego de dar a luz lo visitó varias veces y, ante su alarma, comprobó que Kanyol cometía actos sexuales al auscultarla. Lo denunció ante la policía de Nueva York, que lo detuvo. Mas, por influencia de la Columbia, fue liberado y regresó a su trabajo con la protección del decano de la Facultad de Medicina, Lee Goldman.
Cuando todo indicaba que lo cubriría un manto de impunidad, hubo otras 265 denuncias confirmadas de pacientes abusadas. De 65 años, fue condenado recientemente a 20 años de prisión. La universidad nunca reconoció el error de conceder el honoris causa a un golpista, ni se disculpó por el silencio que guardó ante los delitos cometidos por Hadden. Sólo pagó 226 millones de dólares a las víctimas.