Bogotá. María Arenas es hija de guerrilleros, pero no nació en el monte. Cuando llegó a este mundo, finalizando los años 70, ya las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) prohibían a sus integrantes tener hijos y advertían a las mujeres, antes de ingresar, que deberían usar métodos anticonceptivos.

Unos años antes, la guerrilla no regulaba este tema y en los campamentos insurgentes hasta se celebraban los nacimientos, relata María, ex combatiente de las FARC y firmante de los acuerdos de paz de 2016.

Según esta mujer de voz diáfana y mirada contundente, cuando la guerra se intensificó y la incipiente fuerza insurgente tuvo que enfrentar a un Estado colombiano apoyado por Estados Unidos, Reino Unido e Israel, se disparó la llegada de población femenina a las filas rebeldes, y hubo que reglamentar el tema: la intensidad de la confrontación y la presencia de niños en los campamentos eran totalmente incompatibles, explica.

Arenas habló con La Jornada una de las tardes soleadas que se disfrutan por esta época la ciudad, alrededor de una pequeña montaña de documentos que ella ha reunido a raíz del anuncio de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de abrir un macrocaso sobre la violencia basada en género y violencia sexual derivadas de la guerra que sostuvieron las FARC y el Estado colombiano por más de seis décadas.

Las principales víctimas en la insurgencia

El anuncio de la justicia transicional, instancia surgida de los acuerdos de paz de 2016, está basado en denuncias de más de 35 mil víctimas, 82 por ciento de ellas mujeres, que dicen haber sido objeto de agresiones de diverso tipo en razón de su condición de género por parte de grupos paramilitares (33 por ciento), de las FARC (5.8 por ciento) y del ejército (3.4 por ciento).

Entre los denunciantes también figuran personas de la comunidad LGBT, quienes alegan haber sido obligadas a salir de sus lugares de origen y padecer acoso y agresión sexual. Como en todas las guerras, en la de Colombia las mujeres fueron las mayores víctimas: viudas que tuvieron que hacerse cargo de sus hijos, millones de desplazadas que abandonaron sus tierras para escapar de la muerte; madres que sufrieron el secuestro y asesinato de sus hijos para que luego el gobierno los mostrara como subversivos caídos en combate; discapacitadas como consecuencia de explosivos regados a la orilla de los caminos, violadas por actores armados, otras torturadas o desaparecidas.

En el reinado de los paramilitares, durante los dos gobiernos sucesivos de Álvaro Uribe (2002-2008) –cuentan los testimonios de miles de agraviadas– los jefes de estos escuadrones de la muerte exigían a los campesinos que entregaran sus fincas a cambio de sumas irrisorias o si no, la escritura tendrá que firmarla su viuda.

Por décadas, al paisaje de las grandes ciudades colombianas se incorporó la escena de mujeres de pieles curtidas, rodeadas de hijos famélicos, mientras pedían limosna en los semáforos, usualmente con un cartón con letra temblorosa: Somos desplazados de la violencia, ¡ayúdenos!

¿Justicia o paredón?, la decisión de una corte

Según analistas locales, el caso abierto por la JEP tiene total pertinencia, pues busca la verdad sobre una cara de la moneda que suele quedar oculta al final de las confrontaciones, pero pareciera estar construida sobre pilares ya conocidos, que terminan dejando la sensación de que hubo unos malos muy malos (por lo general los guerrilleros), que actuaban bajo los efectos de un fanatismo ciego.

Nos hemos sentido maltratadas por la JEP, por la Comisión de la Verdad y por los medios de comunicación, que quieren imponer la matriz de que las mujeres en la guerra éramos esclavas sexuales, objetos de placer y que no teníamos nuestro lugar en la lucha, dice Arenas con evidente molestia.

Según la ex combatiente, es demostrable que las guerrilleras luchamos junto con los hombres y participamos con heroísmo en las grandes batallas por la liberación de nuestro país. Con sesiones solemnes de amplia difusión que expelen un inconfundible tufillo evocador de los juicios de Núremberg, los anteriores 10 macrocasos abiertos por la JEP han dejado bastante mal parada a la guerrilla, pese a lo cual María Arenas saluda la decisión de la justicia transicional de abordar los abusos por razones de género.

A lo largo de este proceso, tendremos la oportunidad de demostrarle a la JEP, a Colombia y al mundo que las mujeres revolucionarias ocupamos un lugar de honor en las luchas sociales y armadas por los cambios.

La firmante de paz, hoy activa militante del partido Comunes, agrega que aprovecharán la exposición mediática derivada de la decisión de la JEP para denunciar lo que ella considera una gran hipocresía: Colombia tiene uno de los mayores niveles de desigualdad del mundo que ha impedido por décadas que las mujeres puedan acceder a todos sus derechos, y no vamos a dejar que los dedos acusadores se desvíen de los verdaderos responsables: las élites que nos han gobernado, anotó.

Tenemos voz propia por una causa común

Paula Sáenz dejó de disparar armas para disparar cámaras de fotografía y pasó de andar por la selva a caminar por los pasillos de la Casa de Nariño, sede del gobierno de Colombia.

Aprendió fotografía en el monte y cuando firmó los acuerdos de paz de 2016 siguió obturando su cámara en las calles de Bogotá, hasta que los estallidos sociales la convirtieron en una especie de reportera de los tropeles, protagonizados por centenares de miles de jóvenes hastiados con el régimen.

El 7 de agosto de 2022, cuando tomó posesión de su cargo el presidente Gustavo Petro, Sáenz pasó a integrar el equipo de prensa del jefe de Estado y en esta ocasión se toma unos minutos para hablar con La Jornada.

Se disculpa por no contestar a la brevedad las preguntas que le enviamos porque estaba en un trote bravo con el presidente por allá en el Cauca, pero su voz se ilumina cuando le pedimos que nos diga qué era ser mujer en la guerrilla.

Mujeres y hombres hacíamos lo mismo, desde cocinar y cavar trincheras hasta ir al combate, dice. Agrega que en eso de que teníamos las mismas posibilidades de tener cargos de dirección es puro cuento.

Su vida después de la guerra ha dado vuelcos sucesivos y muchas veces cayó en largas melancolías, pero reconoce que su paso por la vida insurgente le dejó herramientas para enfrentar todo tipo de adversidades. En la guerrilla adquirimos conciencia política y terminamos siendo sujetos políticos, personas con voz propia, asegura la fotógrafa Paula.

Estos y otros testimonios se enfrentarán en pocos días contra los de mujeres que alegan haber sido esclavizadas sexualmente por los comandantes, violadas o acosadas. También contra las voces de jóvenes que aseguran haber sido obligadas a abortar o entregar a sus hijos recién nacidos a terceros.

Las deliberaciones de este macrocaso prometen un acercamiento a un universo plagado de estigmas y lugares comunes, construidos durante años en los medios de comunicación, y tal vez –como dice María Arenas– terminen poniendo las cosas en su lugar para bien de la verdad y de la no repetición.