El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de una nueva ley general de protección civil y gestión del riesgo de desastres, en la que plantea que –tras la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en 2021– los estados deberán prever recursos para atender emergencias y la reconstrucción.

En el proyecto, que se envió a comisiones, el mandatario propone que las dependencias federales y paraestatales sólo podrán destinar recursos conforme a la disponibilidad en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente.

La iniciativa incluye pasar del modelo de declaratoria de desastre a un esquema de acuerdo de situación de emergencia, que sería emitido por la Coordinación Nacional de Protección Civil, que pasaría de la Secretaría de Gobernación a la de Seguridad y Protección Ciudadana. También planteó que la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios sea sustituida por un sistema de comités comunitarios de prevención y reducción de riesgos.

En la exposición de motivos resaltó que, en el pasado, el Fonden fue utilizado de manera discrecional y recordó cómo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que de 2002 a 2018 (en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) se desviaron 3 mil 901 millones de pesos, de los cuales sólo se recuperaron 697 mil 336, esto es, casi 0.86 por ciento.

Agrega que si bien en México se ha consolidado un sistema nacional de protección civil y un conjunto de instrumentos y mecanismos financieros para atender emergencias y desastres, los recursos se han ejercido sin controles suficientes.

La iniciativa incluye ejemplos de corrupción en el uso de los recursos del Fonden, y recordó cómo entre 2011 y 2012 el gobierno de Andrés Granier Melo en Tabasco recibió 4 mil 47 millones 392 mil pesos, y la ASF detectó desviaciones financieras por 215 millones 552 mil 500.

También señaló que la Secretaría de Desarrollo Agrario recibió 40 millones de pesos para comprar terrenos donde reubicar a la población afectada por los huracanes Ingrid y Manuel en Tamaulipas y Colima, pero la dependencia sólo ejerció 12 millones de pesos, sin justificar la adquisición, beneficiarios, superficie y estudios para la evaluación de gastos.

Finalmente, expuso que a la reconstrucción por los terremotos de septiembre de 2017 se destinaron 19 mil 804 millones de pesos, de los cuales la ASF reportó irregularidades por 77.4 millones y sólo se recuperaron 955 mil 636 pesos de los recursos desviados.