na raya más al ya muy desprestigiado tigre, pero ¿será que el Poder Judicial de la Federación está desatado y se quitó la máscara, o en realidad sus reiteradas prácticas contra la impartición de justicia son añejas y normales, pero nadie se atrevía a desvelarlas? Ello, porque no hay día en que no se conozca y denuncie una decisión de alguno de sus miembros para favorecer al crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco, sean éstos del sector privado o público, pero de la élite, sin olvidar el correspondiente intercambio de favores políticos.

¿Cuál fue la de ayer? La Fiscalía General de la República (FGR) denunció que “después de obtener de un juez de control orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito contra Genaro G (García Luna) por habérsele descubierto un ingreso injustificado, inicialmente de más de 43 millones de pesos durante su gestión como servidor público de 2000 a 2012, y sin que los mismos consten en sus declaraciones fiscales y patrimoniales, lo cual está confirmado por diligencias periciales contables, ahora el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito resolvió que se niega el mandamiento judicial obtenido. Lo anterior, aun cuando con los datos de prueba ofrecidos a la autoridad jurisdiccional se demostró que su patrimonio es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos, lo que violenta los principios de legalidad y el debido proceso.

Así es: para el citado tribunal colegiado aquí no existe motivo para molestar al multimillonario delincuente calderonista García Luna, uno de los principales capos del narco, declarado culpable por unanimidad del jurado en una corte de Nueva York (cinco delitos por tráfico de cocaína, delincuencia organizada y declaraciones falsas) y en espera de sentencia. Allá lo declaran culpable, pero aquí se apresuran a limpiarle el expediente y a desbloquear las cuentas bancarias a su esposa, Linda Cristina Pereyra Gálvez, y le liberaron sus ahorritos el mismo día en el que condenaron a su marido, por decisión unánime del decimoséptimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito de la Ciudad de México. Otro ejemplo es el de Luis Cárdenas Palomino.

La FGR detalla que así lo decidió el tribunal integrado por los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar (ésta con un antecedente similar en la causa contra Emilio Lozoya), violentando el artículo 224 del Código Penal federal vigente en la época de los hechos (enriquecimiento ilícito de los servidores públicos), y al respecto, García Luna no puede acreditar la legítima procedencia de esos 43 millones.

Por lo anterior, la FGR iniciará el procedimiento legal contra el juez de distrito Gerardo Genaro Alarcón López, quien inicialmente negó la orden, y de los magistrados que confirmaron la negativa, toda vez que actuaron en contra de la administración de justicia. Existen otras tres órdenes de aprehensión vigentes contra Genaro G.

Claro, en estos casos, y más allá de las perversiones del Poder Judicial de la Federación, no son descartables la lentitud y los errores de la FGR, e incluso la recurrente práctica institucional de armar mal los expedientes para que la consecuencia inmediata sea la liberación del delincuente en turno. Sin embargo, dada la enorme telaraña de intereses y los peces gordos implicados en este enjuague, nada raro resulta que don Genaro cuente con todos los apoyos.

Ejemplos sobran, pero vienen a la memoria políticos que mágicamente libraron la cárcel. Incluso delincuentes de cuello blanco como Carlos Cabal Peniche y Luis Isidoro Rodríguez, El Divino (extraditados a México y quienes del aeropuerto Benito Juárez se fueron directamente a sus domicilios sin pisar la cárcel). A Raúl Salinas de Gortari le costó algo más, sólo para que al final de cuentas la justicia le devolviera hasta el último centavo de sus enjuagues. ¿Y los implicados en el fraude a Segalmex?

En fin, el de por sí abultado inventario de los impartidores de justicia no tiene para cuándo acabar.

Las rebanadas del pastel

Y de cereza, al torturador Tomás Zerón no se le puede acusar de torturador, porque obtuvo una suspensión de un juez federal, que ordena al gobierno federal no realizar ningún comentario incriminatorio o condenatorio en su contra, , mientras no exista una sentencia definitiva en su contra en el caso Ayotzinapa. Y lo que se acumule.

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